Desarrollo rural, en ley

La dirigencia campesina se moviliza hacia el centro de la ciudad de Guatemala, mayo 2010. El motivo: exigir al Congreso de la República que conozca y apruebe una ley que fomente un desarrollo rural inclusivo. Legislación que reconozca que, en un país rural como nuestro caso, la gestión del desarrollo campirano, se debe ejecutar a través de un sistema; es decir, aceptar que desarrollo en el campo no es cuestión de un Ministerio, es asunto de Estado. Implica la acción coordinada de diversos organismos, desde municipalidades hasta la administración de la Justicia, atravesando toda la gama de institucionalidad pública. Todos, absolutamente todos, debemos estar imbricados en el imprescindible ejercicio de devolver al campo su vigor y su dignidad.

Si partimos de que la actividad económica de los pobladores del campo es múltiple y que para salir del atraso y la pobreza se necesita fomentar la misma en todos sus órdenes, entonces comprenderemos la envergadura del problema y su solución. El paradigma del desarrollo rural requiere condiciones imprescindibles: acceso a tierra, crédito, salud, educación, infraestructura, y un extenso etcétera, sin los cuales la población rural –y campesina en particular– no tiene posibilidades ni siquiera de garantizar su sustento, mucho menos gestar su desarrollo. Desconfiados, como somos los guatemaltecos –de instituciones y administradores del Estado–, partimos de la premisa que estando los mandatos calcados en Ley, su cumplimiento estará mayormente garantizado. Lo anterior conlleva la pretensión de que a través de la coerción, la burocracia cumplirá con su función.

La experiencia nos demuestra que es falaz nuestro acerto; sin embargo, también ha demostrado la historia reciente que judicializando la acción u omisión del Estado, se logra “mover”, “por lo menos”, al funcionariado. Este es el caso de la demanda campesina para la creación de una Ley de Desarrollo Rural Integral y quizá esta sea la razón por la cual los diputados se niegan siquiera a conocerla, no digamos a aprobarla. Y, si a lo anterior sumamos los denarios que el Partido Oficial y los demás requieren para la próxima campaña electoral –que en buena medida provienen del sector agroindustrial– bien podrán los campesinos esperar por “su ley” de manera paciente. Si el movimiento campesino no logra conmocionar a la sociedad, si sus acciones no logran generar una coyuntura favorable a sus intereses, efectivamente no habrá Ley de Desarrollo Rural Integral. Las concentraciones frente al Congreso de la República, no pasarán más allá del folclor nacional. O los campesinos ejercen la resistencia activa o el Gobierno y los diputados no desafiarán a sus financistas.

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