Hace ya dos años, el Presidente de la República se declaraba indignado y espetaba que era inmoral dedicar los millones que el gobierno de Óscar Berger había asignado para remodelar el aeropuerto La Aurora mientras en el país prevaleciera el hambre, la falta de medicamentos en el sistema hospitalario y la carencia de escuelas y maestros.
Álvaro Colom interpretaba como una frivolidad el remozamiento de la terminal aérea. Y combatió la obra, y sustituyó con escarnio a los funcionarios, y retrasó los pagos a los constructores a manera de castigo, y sobre todo, dejó para un prolongado después las siguientes fases de trabajo: construir una pista de taxeo apropiada para que los aviones puedan circular con seguridad por el aeropuerto mientras la pista de despegue y aterrizaje se encuentra en uso, además de construir una terminal de carga para ampliar la capacidad exportadora del país.
Hablamos de una inversión de gran envergadura, que sin duda consume recursos útiles en el plano social. Sin embargo es innegable que en el combate a la pobreza algún papel juega también el desarrollo de infraestructura para hacer al país más competitivo. Ninguno o muy poco esfuerzo concreto se ha hecho en el gobierno de Colom por buscar un mecanismo alternativo, como una alianza público privada o financiamiento externo, para reanudar la modernización de La Aurora. Simplemente, el tema no va.
Pues bien, ese mismo Gobierno, que ha priorizado la inversión en los municipios más pobres del país, y ha nombrado más maestros que sus predecesores, pero que aún enfrenta la insuficiencia de recursos en hospitales públicos e incluso la ha acentuado al impedir pagos por servicios en la red hospitalaria nacional, observa incrédulo cómo se mantiene imbatible el índice de mortalidad materno infantil. Ese mismo Gobierno, decide dedicarle Q26 millones a la construcción de un paso a desnivel en la carretera a El Salvador.
Se trata de una obra que va a reducir obstáculos al tránsito de los 60 mil vehículos que pasan cada día por ahí. Pero más que nada, el paso a desnivel disminuiría el riesgo de las 400 familias que viven en Santa Rosalía La Laguna, un arbolado y exclusivo reparto con inmejorables vistas a la ciudad, al cruzar la autopista cada mañana. Es un fin loable, sin duda, porque esas familias están presumiblemente integradas por ciudadanos que contribuyen con el pago de impuestos al sostenimiento del Estado. ¿Por qué no habrían de ver resuelta con fondos públicos una de sus necesidades más sentidas? Pero por lo menos resulta comprensible que haya quienes cuestionen la urgencia de esa inversión. Sobre todo, ante la escasez de recursos para otros propósitos como la compra de respiradores artificiales para los hospitales. No obstante, con un poco de sentido común, y menos ánimo manipulador, resulta comprensible que en un país de condiciones tan contrastantes como Guatemala, se produzcan a menudo estas aparentes incoherencias en el orden de prioridades de la inversión pública.
Quizá el Presidente pudo haber tenido esta consideración al inicio de su mandato. Quizá hoy tendríamos un aeropuerto con más tráfico aéreo y esto generaría más plazas de empleo. Sólo quizá.
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