Al menos 370 casos de niños guatemaltecos que iban a ser adoptados por extranjeros están empantanados desde hace más de dos años. La mayoría ha vivido en varios orfanatos, en espera de una resolución judicial. En Estados Unidos hay presiones para que los procesos finalicen. En Guatemala también. Pero caminan tan lento que los niños crecen en un limbo legal de interminables trámites y resoluciones.
Paola Hurtado phurtado@elperiodico.com.gt
“Help bring us home. We’ve been waiting long enough!”, se leía en una de las pancartas utilizadas en las manifestaciones. “Ayuda a traernos a casa. ¡Ya hemos esperado lo suficiente!”, clamaban los padres y madres con sus rótulos y las fotos de los niños. Niños con los que legalmente no tienen ningún vínculo, pero que ya son parte de sus familias y los llaman “hijos”.
Son miembros de “Guatemala 900”, un grupo de mujeres y hombres estadounidenses formado en abril del año pasado para llamar la atención sobre aproximadamente 900 procesos de adopción tramitados en Guatemala antes de que entrara en vigencia la Ley de Adopciones, en diciembre de 2007.
Actualmente quedan 370 de esos casos. La mayoría está estancado, con audiencia pendiente en los juzgados de la niñez guatemaltecos o con investigaciones penales abiertas. Se trata de niños que están creciendo solos, sin padres, y de familias desesperadas por estar con ellos. Una ironía malévola en la que hay muchos culpables y ningún responsable.
La aparición más importante de “Guatemala 900” fue el 6 de mayo pasado. Cuarenta y siete padres y madres se reunieron con los representantes de 30 senadores de Estados Unidos para exponerles uno a uno su caso, durante 3 minutos cada uno. Se quejaron de los “abusos” por parte del Gobierno de Guatemala al retrasar arbitrariamente muchos de los expedientes, según un informe remitido por la Embajada de Guatemala a la Cancillería. “Han gastado más de US$3 millones en pagos a mandatarios judiciales, viajes a Guatemala, pagos de estudios y evaluaciones y requisitos extras (…) Algunos han tenido que endeudarse hipotecando sus casas para mantener los procesos activos”, detallaba el memorando al que elPeriódico tuvo acceso.
La copia del escrito se repartió en varias instituciones públicas en Guatemala, incluido el despacho del presidente Álvaro Colom. En él se indicaba que los asistentes de los senadores en Estados Unidos advirtieron tener presión de sus electores de sancionar a Guatemala con el presupuesto de 2011, asignado por el Departamento de Estado, si estos casos no se resuelven. Los expedientes, sin embargo, siguen empantanados.
Las múltiples denuncias de trámites de adopción fraudulentos, la venta y el robo descarados de niños, los cobros desmesurados de los notarios (de US$20 mil en adelante), las redes captadoras de embarazadas y de bebés y el nulo control del Estado sobre los miles de niños que salían del país motivaron a que en 2007 se aprobara la Ley de Adopciones.
La normativa entró en vigencia del 31 de diciembre de 2007, dio paso a la creación del Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y suspendió las adopciones internacionales. Sin embargo, quedó un grupo de 3 mil 32 casos de adoptantes extranjeros pendientes de resolverse.
Estos procesos quedaron sujetos a la verificación del CNA y de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Para 1,032 expedientes los notarios no se presentaron, explica Elizabeth de Larios, la presidenta del CNA.
“Los notarios tenían que mostrarnos a la madre biológica y al niño y no lo hicieron. Simplemente no vinieron. Dedujimos que el expediente tenía irregularidades, que ya no pudieron localizar a la mamá o que se trataba de niños que no existían y que mandaron datos ficticios para “apartar cupo” mientras conseguían a un bebé”, explica la funcionaria.
El listado se redujo a 975 niños, después de depurar las duplicidades. Eran 975 pequeños, la mayoría recién nacidos. “¿Dónde estaban esos bebés? Nadie lo sabía”, relata De Larios. “La PGN no mostró mayor interés por ellos, pasaron más de un año en el limbo y tuvimos que actuar: en enero de 2009 presentamos denuncias y pedimos medidas de protección a favor de ellos para ubicarlos”.
Entonces los casos pasaron a los juzgados de la niñez y desde hace un año y cinco meses su estatus es “judicializados”. Decenas de ellos tienen programadas audiencias para finales de este año y principios de 2011 debido al volumen de trabajo de estas judicaturas.
Del otro lado de esta historia están decenas de familias en Estados Unidos que no entendían por qué sus procesos, que se suponía que demorarían 6 meses, continuaban estancados.
“Les mintieron”, dice De Larios “porque los expedientes eran irregulares o porque querían seguirles cobrando la manutención de los niños, entre US$500 y US$1,500 mensuales. Y para librarse de responsabilidades nos culparon a nosotros”.
Un abogado joven cuenta que cuatro familias estadounidenses lo contrataron para darle seguimiento a sus casos, luego de prescindir de los servicios de los primeros notarios, que les dieron largas sin soluciones. “Lo que hemos visto es que (los notarios anteriores) los mantuvieron en la desinformación total: les dieron información totalmente distinta a la realidad”, explica el abogado que pide no ser citado con su nombre. En su protocolo, subraya, no figuran trámites de adopciones notariales.
Una mujer que vive en California relata a través de una entrevista telefónica que en 2005 ella y su esposo adoptaron a un niño guatemalteco y el trámite se llevó con normalidad. La segunda solicitud, para una niña, la presentaron en noviembre de 2007 y sigue en proceso. El expediente aguarda turno en un juzgado de Chimaltenango.
Con su pareja se trasladó a Guatemala en 2007 para estar con la bebé y residieron aquí un año. Ahora la niña vive en un orfanato y la visitan 2 o 3 veces al año. “Yo empecé esto con otras 4 familias. Dos ya terminaron el proceso y dos seguimos esperando. No hay ningún movimiento, las cosas solo se han puesto peor”, se lamenta.
Los padres se quejan de que sus casos siguen judicializados por errores mecanográficos. Que las investigaciones toman meses o años. Que cuando cumplen con todos los requerimientos surgen nuevos y entran a un círculo de nunca acabar.
“Sabemos que el sistema era corrupto en algunos casos y que esto debía cambiar, pero no significa que dejen a más de cien niños por casi 3 años en instituciones mientras tratan de componer el problema. El daño que le hacen a los niños es irreversible”, expone la madre que también pidió el anonimato. Los padres entrevistados temen que sus declaraciones retrasen más el proceso.
La organización “Guatemala 900” finalizó este mes una encuesta entre 102 miembros con residencia en 30 estados de Estados Unidos, la cual determinó que el 73 por ciento de los niños tiene entre 2 y 3 años, que el 60 por ciento vive en orfanatos y el 58 por ciento de los casos está en un juzgado.
El sondeo también encontró que más de la mitad de las familias han realizado al menos 5 viajes a Guatemala (aunque algunas han venido 15 veces o más) y que el 40 por ciento de ellas ha contratado un abogado adicional para darle seguimiento al caso.
Gary Cooper, cofundador del grupo, explica por teléfono que los casos se mueven muy lento. “Solo entre 1 o 2 casos se finalizan cada mes”, calcula. Él y su esposa adoptaron a 3 niños guatemaltecos y vivieron en Antigua Guatemala un año y medio para seguirle el rastro a los casos. En la casa hogar conocieron a otras familias como ellos. Cuando concluyeron sus trámites, cuenta, sintieron la obligación de ayudar a otros.
De los casi 400 casos pendientes de resolverse, el 35 por ciento está en espera de que el Ministerio Público (MP) finalice la investigación. Varios de ellos son de los niños de los hogares Quivira, Primavera y Semillas de Amor. Las tres casas fueron allanadas por existir irregularidades en la documentación de algunos niños, pero como medida de protección todos los menores encontrados fueron enviados a orfanatos.
Estos casos suponen una dificultad mayor. La PGN se rehúsa a darle un dictamen favorable al trámite de adopción mientras el caso siga abierto en el MP. Alex Colop, jefe de la Fiscalía Contra la Trata de Personas, opina que no es indispensable la presencia de los niños ya que ellos no pueden testificar ni declarar, pero aclara que “no es a nosotros a los que nos compete determinar si el niño puede o no salir del país”.
La Procuraduría de la Niñez, que tiene en investigación 125 casos, enfatiza que deben ser muy cuidadosos. Cuatro ex funcionarios de la PGN enfrentan procesos penales por firmar dictámenes favorables de adopciones irregulares.
“Contra quienes deberían ponerse denuncias es contra los notarios y mandatarios. Ellos son los que les fallaron (a los padres) y metieron a todos en estos líos”, dice Sara Payés, la encargada de esa unidad. Muestra dos expedientes sobre su escritorio. Están suspendidos porque el notario no completó la papelería y está desaparecido. Al parecer está huyendo y enfrenta cargos por otros procesos de adopción anómalos.
Hay un rebote de responsabilidades entre la PGN, MP, CNA, los juzgados y los notarios. Pero los padres en Estados Unidos, que en su mayoría no hablan español y no entienden los entresijos del sistema guatemalteco, se pierden entre tantas explicaciones. Julio Barrios, un fiscal auxiliar de Colop, cuenta que los adoptantes llegan a suplicarle casi todas las semanas que, por favor, terminen la investigación o les den un papel para que la PGN les deje adoptar a los niños.
“Hay mucha pugna institucional”, opina el abogado que tiene los cuatro casos, todos con investigación abierta en el MP. ¿Cómo le explica uno a un padre que viajó desde lejos, esperanzado en que podría llevarse a su hijo, que la audiencia nuevamente fue suspendida? “Créame, es duro tener a un padre enfrente, llorando desconsoladamente”.
En septiembre del año pasado, las nuevas autoridades de la PGN se pusieron de acuerdo con el CNA y conformaron una comisión que unificó listados con el apoyo de UNICEF. Ahora saben que al menos son 370 procesos, pero no se incluyen ahí aquellos que los abogados no notificaron y que, según algunas denuncias, son varios.
Se trata de un universo con distintos tipos de casos, explica Silvia Cabrera, asesora de la PGN. La comisión detectó casos que abandonaron los notarios, que nunca se presentó la madre biológica, que un familiar del menor reclamó la custodia. También de sustitución del niño, entrega indebida o documentos alterados. Están los de los juzgados. Los que los jueces cancelaron definitivamente la adopción. Los que el MP tiene bajo investigación.
Y el trabajo que aún está pendiente es rastrear y ubicar a los niños físicamente. Hasta ahora sólo son nombres y expedientes.
Los adoptantes, indica De Larios, han sido reacios a proporcionar información a las instituciones en Guatemala sobre quiénes son los niños. “Solo 17 familias nos han contactado. Del resto de casos no tenemos conocimiento. Realmente no sabemos cuántas familias extranjeras hay en espera de sus hijos”, señala.
Poco a poco los padres se han acercado a la Embajada de Guatemala en Washington para exponer sus casos. “La Embajada ha estado interesada en obtener información de cada uno de estos casos”, explica el grupo de los 900 en su portal electrónico. Fernando de la Cerda, ministro consejero de la embajada, ha sido el contacto con estas familias y escucha las historias de los desesperados padres que ven con frustración cómo sus hijos crecen solos, lejos de ellos, y nadie parece comprenderlos.
Algunas familias han desistido de los procesos. La encuesta del grupo señala que el 90 por ciento ha enfrentado problemas financieros y más de la mitad, problemas en sus relaciones y empleos. “Algunos se han distanciado para cuidar a la familia que ya tienen o concentrarse en el trabajo”, explica Cooper.
Pero la mayoría de familias sigue en pie. No se trata de cuánto tiempo y dinero han invertido, sino de pequeños con los que han establecido fuertes lazos. Niños a los que les han celebrado cumpleaños y sus primeros pasos, sus primeras palabras. A los que les tienen una habitación decorada, una caja de juguetes y un armario con ropa. A los que les han prometido que se los llevarán con ellos, pase lo que pase. No son niños. Son sus hijos.
“Nunca vamos a parar, hasta que estos casos queden finalizados”, asegura Cooper. La campaña del grupo va a seguir hasta que los niños estén con sus familias. Los niños no pueden hablar, pero nosotros hablamos y luchamos por ellos”.
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