Los ciudadanos que deseen recuperar sus partidas de nacimiento o cualquier otro documento civil sólo necesitan dos testigos que aseguren bajo juramento que se trata de la persona que dicen ser. Temen alteración de identidades.
Equipo de Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
Según datos del Registro Nacional de las Personas (Renap), aproximadamente 1.2 millones de guatemaltecos no cuentan con partida de nacimiento debido a que los libros que las contenían fueron quemados, extraviados o maltratados.
Estas personas se encuentran indocumentadas, no cuentan con ningún documento que respalde su identidad, lugar de origen, estado civil y otros datos personales. Esto se convierte en un obstáculo para tramitar su Documento Personal de Identificación (DPI) y al momento de votar en las próximas elecciones.
Para darle una solución al problema, el 7 de mayo el Legislativo publicó en el diario oficial el Decreto 13-2010, que contiene la Ley Temporal Especial para la Reposición de Inscripciones Registrales y que tiene como “objeto facultar a los Registradores Civiles de las Personas para que, a solicitud de los interesados, procedan a reponer las inscripciones registrales de actos relativos al estado civil, y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte de quienes han perdido o deteriorado sus documentos”.
En este caso, basta con que la persona que carece de documento de identificación se presente ante los Registradores Civiles con dos testigos para que el documento nuevo le sea emitido. El Artículo 5 del Decreto 13-2010 cita que: “cuando el interesado no presente documentos o estos fueran incompletos o ilegibles, deberá comparecer acompañado de dos testigos idóneos, vecinos o residentes del lugar en el tiempo en que acaeció el hecho, quienes declararán bajo juramento ante el Registrador Civil de las Personas que corresponda”.
No obstante, para algunos diputados y analistas políticos, esta medida temporal puede presentar serios problemas, ya que podría servir para que personas alteren su identidad o bien puede ser una herramienta para un fraude electoral; algo que ya ha sucedido en pasadas elecciones, pero ahora podría ocurrir masivamente, ya que son más de 1.2 millones los documentos que podrían reponerse bajo esta nueva modalidad.
Marco Antonio Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), se cuestiona: “¿Cómo nos garantizan los Registradores Civiles o el Renap que las personas que están llevando a sus dos testigos son quien dicen ser? Sobre todo porque recordemos que los Registros Civiles fueron fuertemente señalados de vender documentos o cédulas de vecindad. Hay que reconocer que hay gente que carece de registros, por tanto no se puede anotar cambios en su estado civil. Pero creo que tenemos que reconocer la buena fe, habrá algún margen de error, hay riesgos pero los testigos siguen siendo útiles”.
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), recuerda que “muchos Registros Civiles del país fueron señalados de vender las cédulas de identidad, entonces creo que no es lo más correcto dejar toda la responsabilidad de las reposiciones de documentos a los registradores civiles municipales”.
Por su parte, la parlamentaria Roxana Baldetti, del Partido Patriota (PP), considera que “son preocupantes las estadísticas de entrega del DPI. El Renap y sus directivos han demostrado que no cuentan con la capacidad para manejar una responsabilidad tan grande como es identificar a los ciudadanos”.
“Se acerca la campaña electoral y al parecer para esa época no todos van a tener su DPI, por ello se tratará de realizar un proceso electoral con dos documentos (cédula y DPI) y esa situación se prestaría para una manipulación de los resultados.
Por su parte, César Conde Rada, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirma que “todas las personas tienen derecho a tener una personalidad, el Estado tiene la responsabilidad de brindar registro civil a la personas. Creo que el Renap debe garantizar la verdadera identidad de las personas, y el Ministerio Público (MP) debe investigar cualquier denuncia sobre actos anómalos a partir de la vigencia de esta ley. Además, el TSE debe tener en su poder un padrón electoral confiable”.
Sobre este tema también opina Virgilio Reyes, coordinador del Área de Estudios sobre Población, Ambiente y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (Flacso): “el problema de los Registros Civiles es viejo porque fue durante el conflicto armado cuando se quemaron, pero ahora, las personas necesitan tener algún documento de identificación, los testigos no le dan garantía a nadie, sobre todo por los antecedentes de corrupción de algunos Registros Civiles, esto podría causar suspicacias en época electoral”.
El 2 de noviembre de 2007, elPeriódico realizó la investigación “Extranjeros votan en Guatemala”, en la que demostró cómo personas no guatemaltecas votaron en la primera vuelta electoral valiéndose de métodos anómalos. En varios municipios del país también “acudieron” a las urnas personas fallecidas y connacionales que viven en el extranjero desde hace 10 años.
Un ejemplo fue el de un ciudadano mexicano que tiene cédula de Tecún Uman, San Marcos, y una credencial de elector extendida por el Instituto Federal Electoral (IFE) de México. La historia también se repitió en el norte de Guatemala. Edwin León Guerra, de nacionalidad hondureña, sin ni siquiera haber llegado al país, fue invitado a votar en Los Amates, Izabal, por miembros de una agrupación política. A cambio de ello, recibió Q300 en efectivo y una cédula de vecindad falsa.
En los municipios fronterizos con El Salvador, el día de las elecciones fueron vistos tres buses pasando la frontera. “Ellos votaron en aldeas de los municipios de Jalpatagua, Asunción Mita y hasta en la cabecera”, señalan algunos testigos.
Mientras que el Comité Cívico Antigua Guatemala Somos Todos, que impulsó a Susana Asensio, acudió a la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), luego de detectar que personas fallecidas emitieron su voto.
Asimismo, acusó a la Municipalidad de Antigua de emitir cédulas a personas que no residían en la ciudad.
En el 2007, el Mirador Electoral dio a conocer que una de las principales causas de conflictos electorales fue la falsificación de cédulas de vecindad.
El abogado Jorge Rosales explica que “nosotros colaboramos con la Policía Nacional Civil (PNC) en la detención de una persona con cedula falsa que estaba votando en la Antigua Guatemala, esta persona fue defendida por el actual Juez de Asuntos Municipales de La Antigua. Sobre la nueva ley, creo que hay dos tipos de fraude: el electoral nacional, en el que se inclina la balanza de votantes hacia un presidente o vicepresidente, pero lo más común son los fraudes electorales municipales”.
Rosales agrega que: “tengo mis reservas si es legal o no la nueva ley, porque el Congreso le está dando una función jurisdiccional al Registrador Civil cuando este no debe tenerla, estas funciones sólo las puede tener un juez o un notario, si a eso le sumamos que se emiten DPI a personas que no son oriundas de ese lugar, es preocupante porque no hay proceso de verificación. El caso típico que tenemos es el de Antigua, en donde la candidata que ganó, perdió al final por personas que trajeron de Escuintla y otras partes de Sacatepéquez. En 2007 no se exigía reportar el cambio de residencia y el Renap está cayendo en ese vicio”.
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