Empresa vinculada con diputado de la Gana, Javier Alfonso Hernández Ovalle, obtiene contratos por Q1.4 millones para realizar servicios de limpieza y conserjería en Renap. El legislador asegura que el negocio es de sus hijos y que él no tiene nada que ver con la adjudicación realizada.
Equipo de investigación investigaciones@elperiodico.com.gt
En menos de dos años a los hijos del congresista Javier Alfonso Hernández Ovalle, de la Gran Alianza Nacional (Gana), le fueron adjudicados Q1 millón 456 mil para realizar servicios de limpieza y conserjería en algunas de las sedes del Registro Nacional de las Personas (Renap).
La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos prohíbe que funcionarios y empleados públicos aprovechen el cargo para conseguir servicios especiales a favor de sus familiares.
Otra tema que despierta suspicacias es que al directorio del Renap lo juramentan en el Congreso de la República, el cual está integrado por: Mauricio Radford, representante del Congreso; Patricia Cervantes, magistrado del Tribunal Supremo Electoral; y Pablo Leal, del ministerio de Gobernación
La empresa denominada Emgua, S.A. está inscrita en el Registro Mercantil bajo el folio 670 libro 155 y registro 62024 y se encuentra ubicada en la 4a. calle 8-37, zona 17, colonia Lourdes.
En esa misma dirección de Emgua se ubica la empresa denominada “Javier Alfonso Hernández Ovalle” (nombre del diputado), la cual se dedica a “todo lo relacionado con la agricultura, compra venta de materiales, distribución, comercialización de productos agrícolas, compra y venta de maquinaria, exportación de toda clase de productos de lícito comercio”, propiedad del congresista.
Como socios figuran Edwin Arturo Hernández Franco y Javier Alfonso Hernández Francos, ambos hijos del legislador.
La compañía quedó establecida el 9 de agosto de 2005 y fue fundada con un capital de Q5 mil.
Ambas empresas no son las dos únicas que funcionan en la casa del congresista Hernández Ovalle, también se registra Serviclean, propiedad de Emgua según el registro 392268 folio 173 libro 354 del Registro Mercantil, fundada el 16 de agosto de 2005.
Una investigación realizada por elPeriódico da cuenta que entre julio de 2008 y febrero de 2010 les fueron adjudicados los tres contratos en el Renap, todos para realizar servicios de conserjería y limpieza en varias sedes de esa institución.
La otra empresa que presentó ofertas fue Soluciones y Servicios que fue descalificada.
Posteriormente, el 9 de junio de 2009 se hace efectivo el segundo contrato por Q878 mil 400 para un tiempo de 8 meses, es decir, Q109 mil 800 mensuales.
Finalmente, el 19 de febrero de 2010 le dieron una última adjudicación por Q81 mil 700, en ese caso ofertaron otras 4 empresas y 2 de ellas ofrecieron precios más bajos con relación al ganador, pese a ello, no fueron beneficiadas.
La investigación realizada por elPeriódico estableció que son los únicos contratos que Emgua mantiene con el Estado.
La Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos establece en el Artículo 18 en el inciso “a” que a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido aprovechar el cargo o empleo, para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o tercer mediando o no remuneración.
De igual forma, en el inciso “b” se detalla “que es prohibido utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros”.
Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, resalta que la Contraloría General de Cuentas de la Nación debe investigar el caso a fondo, ya que son los responsables que se cumpla la Ley de Probidad.
“Que los hijos de un diputado sean beneficiados con un contrato crea suspicacias, pues él pudo haber influido para que les dieran el contrato, más cuando la empresa se encuentra en la misma vivienda del legislador”.
Agregó que muchos diputados utilizan el poder para salir beneficiados con contratos.
Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), indicó que se va a realizar una investigación profunda sobre el tema para establecer si el diputado se valió de su cargo para favorecer a una empresa familiar.
“Como este caso hemos vistos varios y se han sancionado a los funcionarios que entregan ese tipo de contratos, el gran problema que se tiene es que no está tipificado como delito el tráfico de influencias”, agregó Mencos.
Consultado el parlamentario Hernández Ovalle indicó que no tiene nada que ver que sus hijos ganen una licitación pública y que él sea diputado, ya que no habló con nadie para que ellos ganaran.
Resaltó que son cosas independientes que no tiene nada que ver con su función de legislador.
Al cuestionarle qué empresas de sus hijos y de él se encuentran en la misma dirección dijo que eso no era ninguna prueba para demostrar que él había interferido en la licitación que cumplió con todo lo que estipula la Ley “por comodidad tenemos la misma dirección”, dijo.
“Yo estoy limpio en mi accionar y no quiero tener ningún problema con esto”, agregó el congresista.
Por último indicó que la compañía de su hijos ya no tiene contratos con el Renap y que la misma fue cerrada.
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