La violencia sigue cobrando víctimas en nuestro país. Todos los días se reportan muertes violentas y lesionados como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación. Los cadáveres aparecen descuartizados, descabezados, mutilados o lacerados brutalmente. Se habla de iniciaciones macabras de pandillas armadas, de enfrentamientos entre capos y maras, de grotescas venganzas, de amenazas macabras y de acciones salvajes de cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad.
Por cierto, también abundan los ajusticiamientos propios de las “limpiezas sociales”, así como los asesinatos de familias enteras que caracterizan las venganzas y silenciamientos del hampa, así como las víctimas inocentes de las balaceras.
No quisiéramos pensar que el diálogo de las pistolas será la única forma de resolver los conflictos en Guatemala, porque esto inexorablemente nos llevaría a una violencia generalizada que se superpondría al régimen de legalidad y que nos condenaría a la ley del más fuerte, de los bárbaros o del sálvese quien pueda.
En nuestra opinión, todas las disputas deben dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles. Debe tenerse presente que cuando se ha optado, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, nuestra sociedad invariablemente ha evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal. Luego, la violencia ha terminado siendo exponencial.
La única vía hacia la paz y la estabilidad efectiva es a través del imperio de la Ley. Por tanto, el Estado no debe escatimar ningún esfuerzo por lograr que la Ley se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique. El Estado debe monopolizar la fuerza e impedir, a toda costa, que esta siga en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la Ley solamente se logrará a base del fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego al debido proceso legal, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
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