El presidente Álvaro Uribe se encuentra molesto por la actitud de la ex candidata presidencial. Ella permaneció secuestrada por las FARC durante seis años.
Sorpresa y molestia, fueron las reacciones del Gobierno colombiano al recibir el pasado 30 de junio la solicitud de una indemnización de US$6.8 millones que le hiciera la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt liberada en un operativo militar luego de 6 años de permanecer secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
En la petición se incluye una compensación a su familia. Las demandas se basan en los daños y perjuicios causados a ella y su familia durante el secuestro.
“La Procuraduría recibió una solicitud para conciliar la demanda como requisito para presentarlas a los tribunales. Si no se llega a una conciliación entre el Estado y Betancourt el caso pasará a un tribunal que decidirá cómo proceder”, informó la prensa colombiana.
El Gobierno explicó en un comunicado que no existen elementos para conciliar con Betancourt y su familia. “El Ministerio de Defensa se declara sorprendido y apesadumbrado por la presentación de las referidas solicitudes, máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución de la ‘operación Jaque’ (operativo en el que fue liberada)”, precisó en un comunicado. Según los medios locales, el presidente Álvaro Uribe se siente molesto por esta solicitud.
Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, cuando se movilizaba hacia el municipio de San Vicente del Caguán. En ese momento ya había sido advertida del peligro que corría ante la presencia de la guerrilla en el área, e incluso firmó un documento en el que ella se responsabilizaba por su seguridad y rechazaba las advertencia del Gobierno y el Ejército. Ahora Betancourt y su familia argumentan que oficiales del Ejército le garantizaron su seguridad el día de su secuestro.
Betancourt fue liberada el 2 de julio de 2008. (Fuentes: AP, DPA)
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