Los desahucios proliferan, un juicio puede durar cuatro años, generando gastos y pérdidas al dueño del inmueble.
Luis Lima Sanchinelli
Jorge pensó que había hecho el negocio de su vida en 2002 cuando compró una vivienda, en la zona 10, por debajo de su valor de mercado. Pensó en construir un edificio de apartamentos o locales, pero ocho años después, aún no ha podido tomar posesión de su propiedad debido a un inquilino que subarrenda el inmueble y se niega a desalojar pese a que el juicio ha llegado hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).
El caso anterior es uno de los miles de juicios por desahucio e invasión de propiedad que se ventilan en los tribunales de justicia, los cuales causan dolores de cabeza a los dueños de bienes inmuebles, quienes se ven imposibilitados de disponer de su propiedad para poder venderla, construir, hipotecarla o simplemente alquilarla para obtener una renta.
El abogado Mauricio Corado, explica que en este tipo de casos el juez ordena el desalojo de la propiedad del dueño, pero este aún no ha podido tomar posesión de ella debido a que la persona contra la que se planteo inicialmente el desahucio no fue la misma que se encontró dentro del inmueble, lo que obliga a enmendar el proceso y proceder de nuevo al desalojo.
Corado señala que los juicios de desahucio, invasión o usurpación de propiedad privada, se cuentan por cientos en los tribunales, los cuáles causan gastos y pérdidas a los clientes, ya que sus propiedades se vuelven “capitales muertos” al no poder lucrar con ellos ni obtener una renta, ni siquiera se pueden hipotecarla como garantía para un crédito bancario mientras exista el proceso.
El abogado Pedro Aragón, socio del bufete Aragón & Aragón, comentó que lo que más desgasta al propietario es “la poca certeza jurídica de que a pesar de formalizar un arrendamiento en un contrato, este documento sea letra muerta y pese a ser el legítimo propietario, deba recurrir ante los Tribunales de Justicia a plantear una acción procesal y reclamar sus derechos”.
Entre los excusas más comunes que argumentan los inquilinos para no desalojar una propiedad están: “no tener otro lugar en dónde habitar; en otros casos, piden cierto tiempo para desalojar, lo cual no hacen; o ponerse al día de las rentas atrasadas, lo cual el propietario accede, y sin embargo no ocurre; o son actitudes del individuo de irresponsabilidad”, agregó Aragón.
Los gastos en honorarios de abogados, recolección de pruebas, así como los daños y perjuicios que le ocasionan no poder disponer inmediatamente de su propiedad, sumado a las rentas que deja de percibir el arrendador, demuestra el cuantioso desembolso monetario que debe realizar el propietario del inmueble al llevar un caso de desahucio.
Además, existen decenas de formas para alargar los procesos, Corado argumentó que lo importante sería lograr “reformar la Ley de Inquilinato para que proteja la propiedad privada”, ya que la vigente data de 1961 del gobierno de Miguel Idígoras Fuentes. Agregó que lo mejor en estos casos, es que el propietario negocie con el inquilino, ya que los procesos suelen ser tediosos, generan gastos y alargarse entre tres y cuatro años en promedio.
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