Habrá que desetiquetarnos. No toda Guatemala es violenta.
La angustia y el desasosiego de la ciudadanía ante la criminalidad cotidiana es una malograda oportunidad para la definición de medidas artificiosas o superficiales sobre la violencia. Intervenciones que despiertan viejos fantasmas como el estado de sitio y la pena de muerte, silenciando o haciendo invisible la violencia estructural, como la mortalidad materno infantil y la desnutrición o la violencia cultural, racismo y discriminación étnica incluidos.
Es cierto que Guatemala, Honduras y El Salvador, son miembros del triángulo norte de Centroamérica, la región con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Pero en nuestro caso, esta figura hay que matizarla. Tenemos una tasa de homicidios de 49 por cada 100 mil habitantes. Con los últimos acontecimientos, incluyendo la muerte de pilotos del transporte urbano, nuestra clasificación estará subiendo. Sin embargo, no en todas las cabeceras departamentales y regiones del país, los ríos truenan como en la ciudad capital. La falsa idea de que todo lo que sucede en la capital tiene una correspondencia idéntica en toda la república sesga la opinión de muchas personas e instituciones.
Las olas de violencia física no golpean igual en todo el país. Un informe estadístico de la violencia, publicado en el 2007, por Naciones Unidas, evidencia que la tasa de homicidios en los departamentos y municipios con mayor población indígena es menor que en aquellos con mayor población mestiza. En muchos de los municipios de los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Totonicapán la tasa de homicidios es extraordinariamente menor, en un 90 por ciento, de lo que tiene la capital y todavía mucho menor de la de otros municipios como San Benito, Petén, Amatitlán, Coatepeque y Morales, Izabal, por ejemplo.
Habrá que desetiquetarnos, no es toda Guatemala la más violenta, ni los pobres, mucho menos los indígenas, el análisis debe orientarse a los otros, a los que se asocian al narcotráfico, a los espurios partidos políticos, a ciertas elites gobernantes, a los salvajes empresarios del transporte público y a los que trafican con armas aunque sean del Ejército. Las instituciones más serias del país deben liderar el debate sobre la violencia sin artificios, sesgos o engaños.
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