¿Resolvería algo que nos dediquemos a acabar con los criminales? El argumento electorero.
Que Otto Pérez Molina por un lado y los diputados de la bancada Lider por el otro salgan de forma pública a criticar la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana y a pedir que se aplique la pena de muerte es positivo. Que llamen al Ministro de Gobernación al pleno del Congreso a responder sobre la ola de violencia también es bueno. Que exijan resultados en la persecución de crímenes contra pilotos y usuarios del transporte público, es oportunísimo. Y es mejor aún que el partido oficial salga a defender al Gobierno. Por mucho que la discusión inicial se inscriba en la batalla propagandística por ganar adeptos para las siguientes elecciones, al país le conviene, le urge que el debate público aborde sus problemas más acuciantes. Junto al hambre de los famélicos, la inseguridad es el tema más importante de todos. Es inaceptable que la oposición se haga la medio muda mientras las autoridades piden paciencia o recomiendan tomar sus propias medidas de seguridad a quienes suben a un bus en la capital. Hay que discutir y generar una política pública de seguridad. Y eso debe hacerse entre todos. Es demasiado importante para dejárselo a un Gobierno que ha desperdiciado dos años y medio en este tema. Aunque para hacerlo recurran al electorero argumento de la Pena de Muerte. Más del 90 por ciento de la población aprueba la pena capital. Y los políticos intentan cortejarlos.
Yo estoy en contra de la pena de muerte por razones de convicción personal primero, por su probada falta de eficacia como método disuasorio en segundo término, y porque si una sociedad como la guatemalteca se inclina por eliminar a quienes son considerados elementos dañinos, sin opción de rehabilitarse, tendríamos que aplicar la pena de muerte a un número tan elevado de personas, jóvenes sobre todo, que el remedio resultaría más traumático que la enfermedad.
Quienes proponen como remedio la pena de muerte se morirían de pena si su recomendación fuera puesta en práctica. Después de los dos primeros fusilamientos o inyecciones letales se percatarían que los índices de violencia se mantienen en los mismos niveles, o tienden a crecer y verían derruirse su prodigiosa herramienta.
En cambio, ganaríamos mucho si los políticos se decidieran a garantizar la certeza del castigo para cada crimen. ¿Cómo hacerlo? Dotando de herramientas a los responsables de la persecución penal y de la administración de justicia. Exigiéndoles que cumplan con su trabajo. Ya hay un camino parcialmente trazado.
Se necesita que el Congreso apruebe las 11 leyes restantes que la Comisión Internacional Contra la Impunidad reclama. Se requiere un acuerdo político multipartidario para la Reforma Policial. Ese no puede ser un proyecto de una administración de Gobierno, sino un proyecto nacional que trascienda a más de un período presidencial. Se necesita generarle más recursos al Estado para que se destinen a la seguridad pública. ¿Cabe un impuesto específico para profesionalizar la Policía Nacional Civil, o para fortalecer la investigación criminal? Claro que el Gobierno desincentiva ese tipo de opciones cuando sustrae partidas aunque sólo sean ficticias del Ministerio de Gobernación.
La oposición tiene la mitad del debate público ganado cuando pone en evidencia que el presidente Colom relega a un segundo plano la seguridad ciudadana. Y el partido oficial sabe que sus argumentos de una reducción en los niveles de violencia no convencen a nadie. En cambio, el Gobierno hace bien al conceder muy pronto los patrullajes conjuntos entre la Policía y el Ejército que la oposición le reclama.
En este debate de los opositores y el Gobierno sobre la inseguridad y sobre sus posibles soluciones, los ciudadanos podemos salir ganando. Pero se necesita abordarlo con seriedad, con responsabilidad y con conocimiento técnico. Lo electoral puede esperar.
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