La organización de defensa ambiental intenta evitar que se publique el Acuerdo que permitirá la explotación en Laguna del Tigre por 15 años más.
Ayer por la mañana, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo en contra del presidente Álvaro Colom para evitar que se publique el Acuerdo 214-2010, que autorizaría a Perenco la explotación petrolera en el parque Laguna del Tigre por 15 años más.
El presidente Colom anunció el viernes pasado que, junto a su gabinete, tomó la decisión de renovar el contrato de la empresa francesa Perenco para explotar petróleo en Petén. Esto a pesar de la oposición de organizaciones sociales y ambientales que reclaman que la extracción del crudo ha causado daños irreversibles a una de las áreas protegidas más importantes del país y del continente.
Yuri Melini, director de CALAS, sostiene que el contrato de Perenco debe declararse nulo debido a que viola el Artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83), que establece que ningún contrato petrolero puede prorrogarse cuando contraviene intereses nacionales y viola el marco de la legislación guatemalteca. El Acuerdo 214-2010, señala, también viola otras 13 normas de carácter nacional como el Artículo 64 de la Constitución de la República, que declara de interés nacional la creación y el manejo de áreas protegidas.
Para contrarrestar los efectos de la explotación petrolera, Colom ofreció la implementación de los programas Mi Bosque Produce y Mi Bosque Progresa y que se destinará Q0.10 por barril extraído a programas de reforestación y Q1.16 para el saneamiento de las áreas por donde pasa el oleoducto.
“Es una declaración estúpida”, la catalogó Melini. “El Presidente cree que esos programas sociales van a proyectarse más allá del 2012 ¿y qué pasa si (su partido) no gana (la presidencia)? ¿Y cómo van a reforestar la Laguna del Tigre si son humedales, no son áreas reforestables?”, cuestionó.
Colom prometió que aumentará la presencia del Consejo de Áreas Protegidas (hay un guardián por 51 kilómetros cuadrados) y que Perenco costeará la instalación de seis destacamentos militares, el asfalto de una pista de aterrizaje y de radares para combatir el narcotráfico. Los ingresos del Estado por el negocio petrolero se duplicarán, aseguró. Pasarán de ser Q666 millones anuales a Q1 mil 200 millones.
Según el portal electrónico gubernamental, el mandatario comentó que fue una decisión difícil, pero es “una locura que un país que se está muriendo deseche una buena inversión”.
CALAS le critica que desatendió el ofrecimiento del parlamento alemán de retribuirle económicamente al Estado si se abstenía de renovar la explotación de crudo. Reclama además, que la renovación del contrato petrolero se hizo al margen de la Constitución y de la Ley de Áreas Protegidas, posteriores a 1985, cuando se signó el primer contrato con Perenco. “Es un mamarracho jurídico. Una aberración juridical, un golpe de Estado técnico”, acotó Melini.
El ministro de Ambiente, Luis Ferraté, reiteró ayer que su voto sobre la prórroga concedida a Perenco fue adverso. “No estoy molesto ni nada (con la firma del Acuerdo): la Constitución es muy clara que cuando uno no está de acuerdo tiene el derecho a disentir”, explicó.
Si el amparo no rinde frutos, CALAS anunció que presentará una querella penal contra el Presidente y los funcionarios que hayan firmado el Acuerdo y está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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