Cada vez que los medios de comunicación informan, con disimulado morbo publicitario sobre las atrocidades que cometen las bandas criminales en contra de la sociedad guatemalteca, se producen varios tipos de reacciones. Interesa señalar dos por lo menos. Una, los que de inmediato, sin digerir la noticia, tienen prisa electoral y formulan acusaciones contra el Gobierno, derivan la diatriba contra el presidente Colom y sin pausas completan la invectiva contra su esposa, doña Sandra. Hay odio elemental, no perdonan, es “este Gobierno” el que tiene la culpa de todo. Otra reacción, a la que me adscribo, comprende los que sienten horror y desesperados comentan que el país se hunde, en el fondo molestos porque la violencia altera sus hábitos pequeño burgueses de vida. Aquellos se ubican en el terreno de lo cínico, estos en el de la hipocresía. Ni unos ni otros hacemos algo para evitar este fatal descenso hacia el infierno. ¿Qué se puede hacer?
Se reúnen en estos días dos conjuntos de hechos. Uno, es que la ola criminal, con raíces profundas, viene creciendo desde 2002 según lo prueban las estadísticas que la prensa y las fuentes oficiales presentan; aumenta y no ha disminuido sino hasta 2009. La curva de homicidios, secuestros, robo de automóviles, a bancos, a casas y otros actos criminales muestra una ligera baja lo cual no evita que tengamos las peores estadísticas criminales del mundo. Lo otro, que ciertamente descalifica aún más este momento, son los actos de atrocidades destinadas a crear un terror contagioso, cuando los criminales empiezan “la guerra de las cabezas ensangrentadas”, que no conoce los límites del pavor. Cuatro cabezas desmembradas fueron exhibidas para conocimiento del público hace un mes, una de ellas en las gradas del Congreso, y también el cuerpo fragmentado de una mujer hace dos semanas en Vista Hermosa. Estos actos, cuya autoría reclaman los pandilleros presos, son más que advertencias y amenazas, son agresiones a la sociedad.
Un enfrentamiento entre maras rivales dejó 7 muertos el 21 de noviembre de 2008 en Pavoncito, de las que 5 fueron decapitados; una de las cabezas fue exhibida en un palo y otras fueron colocadas en montículos del centro penal. Los cuerpos fueron quemados en otro punto de la cárcel. El 12 de febrero de 2003 fue decapitado en un motín el ex sargento de Estado Mayor, Obdulio Villanueva, condenado en el caso de la muerte de monseñor Gerardi. En esa oportunidad los presos jugaron fútbol con varias cabezas humanas. Los sindicados son Baudilio Jeremías, alias Bam-Bam; Joaquín Ramos, Saico; Iman Mejía, Spaider, y Erick Estuardo Chacón, Iroman, entre otros. Según algunos testimonios, Jeremías habría sido quien asesinó y decapitó a Villanueva. El 20 de septiembre de 2005, pandilleros armados penetraron en la cárcel Las Gaviotas, asesinaron a 12 rivales y le cortaron la cabeza a 2 de ellos, exhibidos como el futuro que espera para sus enemigos. Es necio decirlo, pero estamos viviendo el peor de los resultados en el ánimo de la ciudadanía, lo que en patología social se conoce como “la trivialización del horror”.
Siendo todo esto así, está circulando un documento sin nombres, fecha ni lugar y respaldado por el “Grupo Cívico Militar 20 de Octubre” que responsabiliza de todo cuanto aquí sucede al Presidente, su esposa, su cuñada, a la Policía y a los que llama “exguerrilleros incrustados en el Gobierno”. La calumnia no puede ni debe refutarse pues, como dice Brecht, “mala época es aquella en la que hasta lo obvio tiene que probarse”. Lo que debe advertirse es el conjunto de amenazas formuladas en la vieja prosa del terrorismo de derecha, que revive las peores excusas que durante la época del conflicto armado sirvieron para matar. Advierten un posible triunfo electoral de “los terroristas” en 2012, con lo que exhiben la cola, y llaman a la resistencia pacífica (sic), a mantenerse preparados ante cualquier eventualidad, con lo que exhiben la trompa. ¡Aullidos de lobo, la manada se mueve!
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