elEditorial
La crisis económica prácticamente tiene de rodillas a la población, la que difícilmente sobrevive en un ambiente caracterizado por el incesante cierre de empresas, la dramática pérdida de empleos, la reducción drástica del consumo y la inversión, la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza.
Los presupuestos familiares se están restringiendo al máximo y los guatemaltecos están haciendo verdaderos esfuerzos para llevar a casa el pan de cada día. Lo anterior sin perjuicio de la grave inseguridad por la que atraviesa la sociedad guatemalteca, que le hace temer de los ladrones, de los asesinos, de los secuestradores y de los delincuentes en general.
Sin embargo, en el sector público ocurre todo lo contrario. Los politiqueros y funcionarios se llenan los bolsillos a lo grande, sin que nada ni nadie los detenga ni escarmiente. La danza de los millones es verdaderamente escandalosa, al extremo que el mundo entero observa a nuestro país con indignación, incredulidad y vergüenza ajena.
La corrupción está corroyendo toda la estructura estatal. Esto está redundando en una profunda desinstitucionalización, es decir, en una devastadora erosión de las instituciones estatales, que favorece y alimenta el desorden, la anarquía, la inseguridad, la injusticia y el caos.
Por supuesto, los politiqueros siempre están prestos a exigir más dinero a los contribuyentes, como que si no fueran suficientes los miles de millones de quetzales que anualmente se les entregan por vía de los impuestos. Ningún dinero les satisface, nada es suficiente. Eso sí, de calidad de los servicios públicos ni mencionarlo. Sólo hay boca para pedir más, pero no hay oídos para escuchar y atender el clamor popular por la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Tampoco hay voluntad por transparentar las finanzas públicas, ni por rendir cuentas y lograr la tan anhelada eficacia fiscal.
Las transferencias presupuestarias ilimitadas entre instituciones, entidades y órganos estatales han favorecido el despilfarro, el derroche y la corrupción. Prácticamente dejó de existir el presupuesto programático que exige nuestra Constitución. Los recursos se trasladan discrecionalmente de un lugar a otro, especialmente de los ministerios a los programas clientelares del Gobierno, en donde se les pierde la pista y sobre los cuales no se informa de nada. La inversión pública y social es prácticamente nula. Sin embargo, el gasto público aumenta irracionalmente, al extremo que nuevos impuestos y deuda se están cocinando en el Congreso.
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