La iniciativa que busca reactivar la economía campesina, genera otra disputa entre el Gobierno y el sector privado.
La declaración de Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), el jueves pasado, de que la iniciativa de ley de Desarrollo Rural que se analiza en el Congreso es “un panfleto marxista de los años setenta”, evidencia el enfrentamiento entre el sector privado y el Gobierno.
Tanto así que el vicepresidente Rafael Espada, al inaugurar el XXI Congreso Anual del Café en el que se conmemoró el 50 aniversario de Anacafé, tuvo que aclarar a los empresarios que no debían confundir el termino social con el socialismo o el chavismo.
La Iniciativa 4084, ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, presentada por el partido oficial, es uno de los temas de la agenda legislativa y será debatida por artículos en una mesa de diálogo creada por el Congreso, en la que participan representantes de 84 organizaciones sociales y empresariales.
Uno de los temas sensibles de la ley es el Artículo 10, en el que se establece que el Estado incentivará “la desconcentración de la tierra”, un término que el sector empresarial define como “expropiación”, lo que vulneraría el derecho de propiedad.
Las organizaciones rurales insisten que la propiedad de más de la mitad de las mejores tierras agrícolas está en manos de pocas familias pudientes dedicadas a los monocultivos (azúcar, banano, palma africana, y que apenas una cuarta parte de la tierra pertenece a pequeños productores
El 80 por ciento de la iniciativa es inconstitucional y viola el derecho a la propiedad privada, afirmó Carla Caballeros, directora de la Cámara del Agro.
Pero Ovidio Monzón, subjefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirma que el análisis del Ejecutivo es que no existen inconstitucionalidades. “La propiedad no se está tocando con esta ley, son fantasmas, no se habla de expropiación sino dar certeza jurídica a las personas que tienen tierra y que no han logrado regularizar (su propiedad)”, aseguró.
Helmer Velásquez, director de la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y Cooperativas (Congcoop), dice que la importancia de la iniciativa es que le da un papel promotor y tutelar al Estado en el desarrollo de la economía campesina.
Agregó que el Artículo 10 de la iniciativa delimita la política agraria, en la que se incentivará la desconcentración de la tierra. Según Velásquez, este tema es lo que para el sector privado da naturaleza expropiatoria a la ley, pero sólo se trata de regularizar y dar acceso a la tierra.
Este debate sobre el papel del Estado es, según la ponencia presentada por la Cámara de Comercio de Guatemala, una iniciativa inconstitucional que “da pie a un Estado director del mercado y de la economía, así como regulador del uso de la tierra”.
El diputado Mariano Rayo, coordinador de la Mesa de Diálogo en el Congreso, bajó el tono a la disputa al señalar que “ninguno de los sectores se ha pronunciado en contra del tema del desarrollo rural, las diferencias de opinión son en cuanto al contenido y alcance de la ley”.
Velásquez manifestó su temor de que la iniciativa se entrampe por causa de la polarización social y promovió que pase a la instancia de jefes de bloque y luego al pleno del Congreso para su aprobación. Rayo y Caballeros, no obstante, señalaron que existe una metodología aprobada que permite la discusión por artículos previo a que regrese a alguna de las comisiones del Legislativo.
Ninguna mesa tiene límite de tiempo para concluir su trabajo y lo más importante es que el ánimo de diálogo se mantiene, concluyó Rayo.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
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