Mañana debería de entrar en vigor la controversial SB 1070, la cual ha sido impugnada por la administración de Barack Obama, un policía y diversas organizaciones.
Jane Brewer, gobernadora de Arizona, solicitó a una juez que deseche la impugnación federal a la norma SB 1070, aprobada por la legislatura local y que debería de entrar en vigencia mañana.
Los abogados de Brewer argumentan que el Gobierno Federal no ha demostrado que haya sido perjudicado por la legislación.
El Gobierno afirma que la legislación federal tiene preeminencia sobre la estatal y que la regulación migratoria de Arizona ha perjudicado las relaciones con México, pero los abogados de Brewer aseguran que el rechazo de ese país no vuelve inconstitucional a la legislación.
La nueva ley permite a los policías verificar la situación migratoria de una persona si hay una “sospecha razonable” de que se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal.
La medida no define lo que entiende por “sospecha razonable”, pero los documentos de capacitación policial indican que los motivos pueden incluir hablar un inglés deficiente, viajar en un vehículo atestado y andar por donde acostumbren reunirse inmigrantes indocumentados.
La juez Federal de distrito Susan Bolton analiza las demandas presentadas por el Departamento de Justicia federal, un policía de Phoenix y organizaciones de derechos civiles para que impida su entrada en vigencia.
En Arizona, la comunidad inmigrante supone al menos el 7 por ciento de la población y la perspectiva de aprobarse la ley desde ya ha provocado un fuerte éxodo de inmigrantes, tanto legales como ilegales.
Y los temores y críticas ya están traspasando lo político para atacar un flanco más frágil aún: el económico.
Numerosas ciudades como Boston, Los Ángeles, San Francisco o Seattle anunciaron y ya han empezado a aplicar un boicot económico a Arizona.
El diario Arizona Central hacía un recuento de las primeras estimaciones de pérdidas: una portavoz de la Asociación Hotelera dijo que al menos 40 conferencias y grandes reuniones agendadas han sido ya canceladas, con un costo para el sector hotelero de al menos US$12 millones... sin contar el “impacto” en negocios aledaños como restaurantes, tiendas y alquileres de vehículos.
“Tuvimos un increíblemente fuerte primer trimestre en 2010. Luego llegó la SB 1070 y nos hizo ir dos pasos atrás”, declaró al periódico. Fuentes: AP, DPA
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