La Ley SB 1070 de Arizona pierde fuerza por orden judicial

Ampliar imágen Foto:  Ross D. Franklin/AP Nora Nendivín llora mientras recibe un abrazo de Marcela Saragoza. Las dos residente de Phoenix celebraban el que la jueza Susan Bolton bloqueara partes de la controversial Ley SB 1070.

Arpaio, firme

En Phoenix, Arizona, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, pensaba realizar su décimo septima batida contra la delincuencia y la inmigración ilegal, sin consideración al fallo de la juez Susan Bolton.
Arpaio, famoso por su dureza con la delincuencia y la inmigración ilegal, enviará unos 200 agentes y voluntarios a vigilar las infracciones de tránsito, localización de delincuentes prófugos y otros delitos. En sus redadas han caído también indocumentados buscados por la justicia.

Cifra

26 mil 146
Inmigrantes ilegales que desde 2007 han sido deportados por el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, por medio de un programa de colaboración federal-local que ha sido censurado por sus numerosos problemas.

A pocas horas de que entrase en vigencia una de las legislaciones más polémicas que se han emitido en Estados Unidos, la normativa SB1070 del estado de Arizona, la juez federal Susan Bolton ha tomado la decisión de paralizar 4 artículos, de hecho, los que más indignación habían generado en los grupos de defensa de los derechos de los migrantes.
El fallo de Bolton, una importante victoria legal a los opositores de la medida, abre el camino para una larga batalla legal. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, adelantó que el estado apelará el fallo, al cual definió como “un obstáculo temporal”.

La ley entra en vigencia hoy, como estaba previsto, pero sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a sus opositores, incluyendo secciones que requieren a los agentes que hagan cumplir otras leyes que comprueben si los sospechosos residen legalmente en el país, o la obligatoriedad para los inmigrantes de portar sus documentos en todo momento.
También se bloquea la porción que requiere a los policías que pidan licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tienen razones para sospechar que una persona ingresó sin documentos al país.
Bolton basó su decisión en la consideración de que algunos de los artículos contenidos en esa iniciativa “perjudican a extranjeros legalmente residentes en Estados Unidos, incluso a ciudadanos, puesto que su libertad se ve afectada mientras su estatus es comprobado”.

Otras disposiciones de la ley, muchas de ellas de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, si entrarán en vigencia.
La portavoz del Departamento de Justicia, Hannah August, aseguró que la juez falló correctamente. “Los estados pueden desempeñar y desempeñan un papel en cooperar con el gobierno federal a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, pero deben hacerlo dentro del marco de nuestra Constitución”, dijo.
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.
Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación, antes de bloquear el acceso a las oficinas federales para que la Policía les pida sus documentos.

Se prevé que esta decisión sea elevada a un tribunal de apelaciones por las dos partes implicadas: Arizona, para defender el conjunto de su ley, y la Administración central para conseguir su completa revocación.
Y lo que es seguro también es que la batalla, larga y costosa en los tribunales –esto acabará quizá dentro de unos años ante el Tribunal Supremo–, será encarnizada en la arena política.
Por otra parte, las organizaciones hispanas están preocupadas de que los brotes racistas puedan hacerse más frecuentes y más peligrosos como consecuencia de la frustración por la paralización de la ley de Arizona, y han convocado para los próximas días manifestaciones y actos en defensa de la convivencia racial y de los derechos de los inmigrantes. Fuentes: AP, DPA, El País

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