La pena de muerte no tiene nada que ver con los linchamientos –furia popular espontánea, en el mejor de los casos pero, en los más, dirigida– ni con los asesinatos –limpieza social perpetrada por el Estado y sus agentes– y hacen muy mal quienes propician que una y otros, se confundan.
Ninguna pena de muerte, por ejemplo, en el caso de los siete reos que fueron asesinados en la toma de Pavón –se trató, simple y llanamente, de siete asesinatos perpetrados por agentes del Estado, asesinatos que, como todo asesinato, deben perseguirse y castigarse.
Tampoco hubo aplicación de pena de muerte alguna en el asesinato de los cuatro policías que fueron llevados a la cárcel de El Boquerón, precisamente para ser asesinados, asesinatos también cometidos por el Estado y sus agentes y que, como aquellos de Pavón, deben perseguirse y castigarse.
Todos estos crímenes, los del Estado y sus agentes, tienen el agravante adicional de haber sido perpetrados por la autoridad, llamada esta, como lo está, a cumplir y hacer que las leyes se cumplan, jamás a delinquir.
Asesinatos, los perpetrados en la “limpieza social” y asesinos, sus hechores, como también asesinato el linchamiento y, asesino, cada uno de los “linchadores”.
Ninguna pena de muerte en estos pues, sino asesinatos, simplemente. Limpieza social organizada por los incapaces de pensar, autoridades policiales y otras –incluso asistidas por colaboradores voluntarios y con la complicidad de las más altas autoridades del Estado– al menos con su necesaria tolerancia –que se dan a delinquir.
“Limpiadores” sociales que no son otra cosa que asesinos.
Lo mismo ocurre, decíamos, en los linchamientos, actos estos en los cuales no se ejecuta pena de muerte alguna: asesinatos los linchamientos y asesinos, los hechores.
La pena de muerte, por el contrario, ajena a los linchamientos y a la “limpieza social”, no consiste en delito alguno sino en una expresión majestuosa de la ley. La más preclara y dolorosa –y es aquella que se aplica como un acto de defensa extrema de la sociedad frente al delito y que se aplica sino después de agotado el debido proceso y de haber dado al delincuente todas las posibilidades de defensa– las que este le negara a sus víctimas –y, sin embargo, resulta la necesaria actitud de aquel que lejos de ser un delincuente, es el Estado. En otras palabras, la organización política y jurídica de todos nosotros. ¿Asesinos, acaso?
Por eso hacen muy mal quienes se refieren a la pena de muerte, a los linchamientos y a la limpieza social, como que si se trataran de lo mismo.
Pienso que aquellos que están a favor y aquellos que están en contra, están en su derecho de esgrimir sus argumentos y de tratar de convencer pero, lo que no me parece correcto, es que se trate de hacerlo con argumentos que carecen de sustentación alguna y, peor aún, acudiendo a mentiras y falacias.
En el catecismo de la Iglesia Católica está contemplada la pena de muerte y muchas son las referencias bíblicas que existen de esta pena, jamás confundida con los linchamientos y asesinatos y no resulta válido acudir a la confusión, para atacarla.
Existen argumentos en contra y a favor y todos merecen ser cuidadosamente analizados, puesto que no son sus defensores, asesinos, ni aquellos que se oponen, socio alguno del delito.
Sin perjuicio de hacer un análisis más extenso, me permito compartir con usted, amigo lector, que resulta demasiado simplista pretender que la pena de muerte, por sí sola, pudiera cambiar el estado de las cosas. Demasiado fácil suspirar que, si esta se aplicase, todo cambiaría, como que si fuera capaz su sola aplicación de poner en orden en cuanto ocurre.
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