El interponente señaló su satisfacción, ya que la CC decidió darle trámite al recurso de amparo solicitado.
En horas del mediodía de ayer, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, indicó ante la prensa que dicha corte no encontró ninguna ilegalidad en la publicación de la prórroga del contrato petrolero 2-85 en el diario oficial.
Esto, como respuesta al amparo interpuesto el sábado anterior por Yuri Melini, del Centro de Acción Legal–Ambiental y Social (CALAS).
Barreto indicó que corresponde pedirle al mandatario Álvaro Colom, contra quien se presentó la acción de amparo, a Yuri Melini, interponente, y al Ministerio Público, que presenten sus argumentos.
Molina puntualizó que existen “elementos de prueba y de convicción” que demuestran que no se violó la ley al ampliar el contrato por 15 años.
Melini dijo que la respuesta de la CC “era lo que esperaban” y declaró su satisfacción con el fallo, ya que decidieron darle trámite a su petición.
El ambientalista mencionó que existe una lista de organizaciones de la sociedad civil e instituciones como las universidades que se encuentran incluidas como “terceros interesados” en el proceso. Entre estas la Universidad de San Carlos, Rafael Landívar, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, la Universidad Mariano Gálvez, el Colectivo Madreselva y la Asociación Nacional de Municipalidades, Anam.
Al margen del proceso, ayer el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) publicó un campo pagado en el cual menciona que los empresarios guatemaltecos creen que esta coyuntura es “una gran oportunidad para realizar un debate maduro y sereno” que conserve y fomente las inversiones relacionadas con los recursos naturales.
Carlos Amador, del Cacif, enfatizó que este llamado a un debate “maduro y sereno” entre las posiciones “irreconciliables” que han venido manifestándose en torno el tema, intenta llamar a la reflexión y a que se busquen los “puntos de encuentro” entre los sectores.
Habló de que la riqueza natural del país debe convertirse en riqueza para toda la población y ser administrada en forma adecuada. La explotación de los recursos naturales debe ser “protegida por la ley y el fortalecimiento institucional”, agregó.
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