Ni la gestión legislativa anterior ni la actual han aprobado o rechazado las auditorías realizadas sobre el gasto de las instituciones del Estado.
La Contraloría General de Cuentas cumple con su tarea cada año de auditar cada ejecución de gastos de las instituciones del Estado.
Sin embargo, al final no se sabe si el informe se realiza correctamente, ya que el encargado de examinarlo ha olvidado desde hace siete años verificar si los datos y números son los correctos, así como evaluar si el dinero del Estado ha sido eficientemente utilizado.
Desde 2003, el Congreso ha optado por no incluir en su agenda legislativa aprobar o rechazar el informe anual de la auditoría.
El documento es recibido cada 31 de mayo, se presenta en el pleno del Congreso y luego se envía a la Comisión de Finanzas.
Desde la ejecución presupuestaria del último año de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) a la fecha, el Legislativo ha omitido conocer el trabajo que realiza cada año el ente auditor del Estado.
Varias son las explicaciones de quienes, en su momento, han presidido la Comisión de Finanzas, de por qué no se analiza cómo se han gastado los fondos públicos en las diferentes entidades del Estado.
Es en esta Comisión donde se analiza el informe del Contralor y quien debe emitir una primera opinión. “Aquí el problema es que nadie lo fiscaliza, es un acto de fe, por así decir, lo que conocemos. Está mal el mecanismo, no se trata de descubrir el agua azucarada”, responde Mario Taracena, presidente actual de la citada sala de trabajo.
Agrega que la responsabilidad sobre este tema es de todo el Congreso, pero que el tema se le “tira a Finanzas, donde no hay forma de comprobar lo que dice el Contralor. Para mí, que la Comisión de Probidad debería ser la encargada de auditar el trabajo de la Contraloría”, señala.
El presidente del Congreso, Roberto Alejos, asegura que este año sí se entrará a conocer en el pleno el informe de la Contraloría, ya que ahora existe una unidad de seguimiento a la Ejecución Presupuestaria.
El ex presidente y actual asesor de la Comisión de Finanzas, Víctor Ramírez, explica que ellos entregaban su informe sobre la auditoría de la Contraloría, y que era responsabilidad de la Junta Directiva conocerlo en el pleno cada año. “Por alguna razón, no se conocían ni discutían en el pleno, pues como en cualquier sala de trabajo, se emite un dictamen y se envía a Dirección Legislativa”, indica.
“Aquí lo que está pasando es que se aprueba a sí mismo el informe. El problema es que se viola la Constitución, que dice que el Congreso debe emitir un dictamen donde se aprueba o no la liquidación de gastos. Pero eso no ha ocurrido porque existe como un pacto de silencio entre quienes han decidido dejar de verificar el reporte del Contralor. Es una obligación que se conozca en el pleno”, dice Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala.
Para Acción Ciudadana (AC) esta situación ocasiona que se fragmente el control cruzado sobre los gastos de las instituciones del Estado, aquí la pregunta es: ¿Quién controla al Contralor? “La respuesta es el Congreso. De qué sirve si el Contralor entrega el informe si nadie lo va revisar y no se verifica su trabajo”, indicó, Alejandro Urizar, de AC.
El contralor, Carlos Mencos, indica que ha solicitado al Legislativo que se fiscalice su labor, que durante su gestión no se le ha notificado sobre nada de lo que ha informado.
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