Casi ocho años después de que el ex presidente Óscar Berger propusiera implementar una agenda para la juventud, el presidente Colom la anunciará.
Carlos Rigalt
La Guatemala de hoy, con su apabullante violencia generada por el narcotráfico, los sicarios, extorsionistas, secuestradores y mareros, es también la Guatemala de los jóvenes, y cada día lo será más.
No sólo por la forma de su pirámide demográfica, donde la mayoría de la población se encuentra entre los 0 y 25 años, sino por las enormes necesidades sociales y económicas insatisfechas que tienen como su principal destinatario a este grupo de edad.
Por eso, cuando Abner Paredes, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, comenta que el próximo jueves 12 será presentada por el gobierno la Política Nacional de la Juventud, hay razones para el optimismo.
La fecha escogida para esta propuesta no fue al azar. Durante la 65a. Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada el 18 de diciembre del año pasado, se acordó proclamar Año Internacional de la Juventud a partir del 12 de agosto de 2010. a CALDH considera este año que comienza el jueves como un período propicio para “encontrarse, generar propuestas, hacer alianzas y también denunciar las constantes violaciones a los derechos de la juventud”.
Al estampar su firma en una política de esta naturaleza, el presidente Colom aterrizaría un esfuerzo que proviene de años atrás, desde la campaña electoral de 2002, cuando el ex mandatario Óscar Berger se comprometió con la Coordinadora Juventud por Guatemala, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil, a elevar la agenda de la juventud como tema de interés para el Estado.
“Dará el marco jurídico para los planes de acción para cada uno de los temas que se abordan en la política”, dice Abner Paredes, de CALDH. Estos ejes son: educación, salud, seguridad y justicia, inversión laboral, cultura-recreación-deporte y participación ciudadana.
Hemos pasado por una etapa de “generar consensos” entre los actores involucrados en elaborarla, menciona Wendy Cuéllar, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Segeplan.
Tuvieron reuniones con los principales actores de la sociedad civil en el tema de jóvenes, con la cooperación internacional y mañana asistirán al Foro de Partidos Políticos para socializarla.
Según Paredes, el consenso entre organizaciones de la sociedad civil se ha logrado, pero “el trabón” está en el tema de seguridad y justicia y específicamente con el programa Escuelas Seguras. “La sociedad civil cree que es un tema que debe analizarse y que en la propuesta final también estén incluidas las organizaciones que elaboraron la política, no solo el gobierno”.
Pero no todos los grupos de jóvenes están satisfechos. En diciembre de 2009, la organización Jóvenes por Guatemala presentó al gobierno una serie de recomendaciones de políticas públicas para la prevención de la violencia juvenil.
Según Pedro Cruz, aunque es importante que exista un marco legal donde los jóvenes se vean representados, también lo es que sea consensuado entre sectores diferentes. “A nosotros no nos invitaron a la discusión. Si se habla de una política nacional de juventud es importante que estén todos los sectores”.
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