Paga un alto costo en términos de imagen pública.
Juan Luis Font
Lo digo sin sarcasmo. Es valiente el gobierno de Álvaro Colom cuando se atreve a prorrogar el contrato de operaciones petroleras de la empresa Perenco, en el campo Xan, que ocupa 80 hectáreas de las 337 mil 899 del Parque Nacional Laguna del Tigre. Es valiente porque se necesita estar dispuesto a pagar un alto costo en términos de imagen pública por aquello en lo cual se cree. El Estado de Guatemala se encuentra subfinanciado. Es muy difícil prescindir de los ingresos que para él genera el petróleo y es necesario comprender que, dadas las circunstancias de la Ley de Áreas Protegidas, esta era una ocasión única para mantener la extracción de crudo sin entrar en un complejo y desgastante ejercicio de debate parlamentario.
Pero es más valiente aún porque, a pesar de lo drástico que son sus críticos, sobre todo aquellos que integran el movimiento ecologista del país, su decisión recoge buena parte de los argumentos de estos.
La forma en que fue prorrogado el contrato de Perenco garantiza de mucho mejor manera lo que se ha hecho hasta hoy, la defensa de la escasa riqueza que aún queda en la Laguna del Tigre. Más aún, ofrece una posibilidad real, que se traduce en una suma de alrededor de Q40 millones anuales, de rescatar parte de ese entorno medioambiental destruido. No hay manera de proteger y de restaurar nada en la Laguna del Tigre ni en la mayoría de áreas protegidas del país, sin recursos financieros.
Y es notorio, y es admitido incluso por los ecologistas, que el petróleo no es ni con mucho el principal motivo de degradación ambiental en ese parque nacional.
Por supuesto que el avance de la frontera agrícola por parte de campesinos pobrísimos, traficantes de drogas locales y depredadores del lugar, resulta mucho menos brioso de combatir que a una empresa petrolera.
De manera que el Gobierno merece reconocimiento por poner en la balanza todos los intereses del país y procurar satisfacerlos en la medida de las posibilidades.
Sin embargo, el Gobierno debe saber que el país requiere de una política pública para la industria extractiva (petróleo y minas), distinta a la que en este momento prevalece. El Estado de Guatemala definitivamente no logrará, sólo mediante la imposición de tributos o la negociación de cada contrato, financiar el desarrollo del país. Es indispensable conseguir una participación accionaria, en términos de minoría en el mejor de los casos, para el Estado en toda extracción redituable. No existe mejor forma de captar ingresos.
Incluso es momento de considerar, y ya sé que al mencionar esto aparece el inefable fantasma de Hugo Chávez, si el Estado de Guatemala no debería conseguir la participación accionaria en condiciones de minoría en áreas muy rentables de la economía, vinculadas a bienes naturales o frecuencias que en su origen fueron concedidas gratuita u onerosamente por el Estado, como las telefónicas o la generación de energía eléctrica.
Guatemala requiere de financiamiento en gran escala para lograr su desarrollo. ¿De qué otra manera vamos a lograrlo? Seguro que no será cerrando la oportunidad a la explotación petrolera o a la extracción de metales. Pero es obvio que se necesita ir mucho más allá.
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