A mediados de la semana pasada, los 8 magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (integrada por 16 magistrados, 8 sandinistas y 8 liberales) destituyeron a 7 magistrados liberales de dicha Corte y, usurpando funciones constitucionales de la Asamblea Legislativa...
A mediados de la semana pasada, los 8 magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (integrada por 16 magistrados, 8 sandinistas y 8 liberales) destituyeron a 7 magistrados liberales de dicha Corte y, usurpando funciones constitucionales de la Asamblea Legislativa, nombraron en su lugar a los sustitutos (5 sandinistas y 2 liberales).
Mediante esta maniobra política, el oficialismo sandinista (FSLN) contará con 13 magistrados y los liberales con 3, lo que permite que la Corte Plena confirme el fallo de la Sala Constitucional mediante el cual se declaró inaplicable al presidente Daniel Ortega Saavedra el precepto constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
A juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alejandro Serrano Caldera, la referida sustitución de magistrados es una muestra más del “grave drama de este país que está entre el colapso de las instituciones y las instituciones de facto”. Sin embargo, esto no durará en beneficio del presidente Ortega Saavedra, agregó el jurista nicaragüense.
Asimismo, Serrano Caldera advirtió que “a la larga ningún sistema puede estabilizarse ni avanzar con una situación anómala y perpetuada”, como la que el oficialismo sandinista (FSLN) ha creado en los poderes del Estado, como la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, para buscar cómo garantizar la reelección presidencial de Ortega Saavedra.
Sin duda, la destitución y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua por parte de un grupo de magistrados de dicha Corte es, además de una notoria arbitrariedad, un grotesco abuso de poder, que causa la nulidad absoluta (inexistencia e invalidez) de cualquier decisión que se adopte.
Extraña sobremanera el mutis del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de cara a este “golpe de Estado técnico” en Nicaragua. ¿Será que teme a Ortega Saavedra igual que a Chávez Frías?
En Guatemala, la injerencia del Gobierno en el proceso de postulación y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso de manifiesto que dentro de la estrategia del oficialismo estaba el control de las Cortes, lo que incluye, por supuesto, a la Corte de Constitucionalidad.
Malos presagios para la democracia institucional centroamericana.
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