El gobierno de Estados Unidos dijo estar en consultas con el presidente Juan Manuel Santos para determinar cuál será el siguiente paso.
Estados Unidos ya no puede usar siete bases del Ejército colombiano. El acuerdo, suscrito el año pasado entre la administración de Álvaro Uribe y la de Barack Obama y que generó airadas reacciones de varios países vecinos, fue revocado por la Corte Constitucional del país sudamericano, quien dijo que para conceder semejante permiso se debió haber pedido autorización al Congreso.
Washington, tras conocer la decisión, dijo ayer que ya está en “consultas” con el gobierno de Juan Manuel Santos sobre sus “planes” y que espera que Bogotá dé los “pasos apropiados” para mantener la relación bilateral, según indicó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
En este sentido, Crowley recordó que existe ya un acuerdo sobre cooperación en materia de defensa que “guía” las acciones bilaterales en este ámbito, en el que, subrayó, ambos países “comparten el desafío de combatir el narcotráfico y las amenazas de terrorismo que afrontan” tanto Colombia como Estados Unidos.
La decisión de permitir a Estados Unidos usar bases militares colombianas generó una fuerte tensión entre Colombia y Venezuela. El mandatario Hugo Chávez llegó a afirmar que las justificaciones dadas por ambos países no eran sino “excusas” para preparar ataques contra su país y ordenó entonces “congelar” las relaciones con su vecino.
Según el tribunal que salvaguarda la Constitución de 1991, el paso que sigue ahora es devolver al acuerdo al Gobierno para que se reanude el proceso y el texto sea sometido al Congreso, donde el oficialismo tiene una cómoda mayoría.
No obstante, todavía no es un hecho que el Gobierno pretenda llevar el acuerdo al Congreso. El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que Santos encomendó a su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, analizar si el texto debe ser presentado o no al Legislativo.
Para efectos prácticos, la caída del acuerdo no ocasiona grandes tropiezos, pues siguen vigentes convenios anteriores de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El acuerdo que quedó inválido estipulaba que el número de militares y contratistas estadounidenses que podían estar en territorio colombiano no podía pasar de 1,400.
En su momento se dijo que era indispensable esta ayuda para la lucha contra el narcotráfico y los grupos subversivos. Uno de los puntos que más se resaltó fue la posibilidad de que las autoridades colombianas obtuvieran información en tiempo real. Fuentes: AP, DPA, El País
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