La persecución criminal de los asesinatos ocurridos en el Centro Penitenciario Pavón tiene a la ciudadanía dividida. Algunos piensan que los criminales allí detenidos (especialmente los más tenebrosos), merecen estar muertos y justifican los asesinatos. Para el razonamiento jurídico nadie es superior a la ley, lo cual incluye, por supuesto, a los funcionarios de Gobierno. Bajo este principio la ley es el límite del poder público, que de otra manera se convierte en omnímodo. Los crímenes de Pavón no fueron los únicos de aquel Gobierno. Podemos recordar a jóvenes aparecidos muertos como parte de una política de limpieza social, o el escandaloso asesinato de los policías involucrados en la muerte de parlamentarios salvadoreños.
La controversia es interesante, pues se trata de dilucidar si nos vamos a mostrar a favor del pragmatismo o si vamos a apuntalar el dogma del Estado de Derecho. Los crímenes de Estado, se basan en lo que la teoría política conoce como “razón de Estado” a partir de los postulados del Cardenal Richelieu. Bajo esta lógica pragmática, el Estado se aparta de preceptos dogmáticos del derecho y la moral para dar prioridad a las acciones necesarias para su sobrevivencia. Así, se pueden tomar decisiones sobre la vida de ciertos ciudadanos, bajo la premisa de que se hace con miras a los mejores intereses de la comunidad.
Por el otro lado, la teoría del Estado de Derecho es defensora del principio de primacía de la ley, y eso debe aplicarse de manera absoluta. Así, el Estado (o sus funcionarios) deben responder de cualquier acto violatorio, especialmente la muerte de los ciudadanos a quienes tienen el deber legal de proteger.
Guatemala ha tenido una proclividad histórica a justificar los crímenes de Estado. Las razones han variado conforme las épocas. Durante las tiranías, los asesinados eran sospechosos de estar “metidos en babosadas”, nebulosa metáfora que podía incluir desde disidencia política, hasta intereses encontrados con algún sujeto poderoso. Durante el conflicto armado, todos los comunistas o con alguna proclividad liberal eran los sentenciados a la muerte extrajudicial. En nuestros días, cualquier sospechoso de actividades delincuenciales puede estar en la mira de una acción de supresión.
El peligro subyacente en optar por esta lógica pragmática que extiende carta blanca para obrar fuera de la ley, es que nos coloca a todos los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema. Cualquier día podemos caer bajo la sospecha de ser peligrosos. Ciertamente someter a los delincuentes al alambicado sistema judicial nos causa frustración, pero tengamos cuidado al escoger el remedio. ¿Cuál es el efecto que ha tenido en la construcción de nuestra sociedad, la proclividad que tenemos para avalar moralmente los crímenes de Estado?
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