El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, montó en cólera después que la prensa divulgó que en 2009 se registraron en Venezuela 75 homicidios por cada 100 mil habitantes, y puso en evidencia que el régimen chavista ha venido ocultando la realidad de violencia homicida en el país sudamericano. Indudablemente, Chávez teme que la revelación de esta información pueda perjudicar al oficialismo venezolano en las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de septiembre.
Por tanto, el régimen chavista, de corte populista autoritario, ha decidido reprimir a los medios de comunicación que informan sobre la violencia homicida en Venezuela. Al efecto, dada la altísima concentración del poder público, inmediatamente se pusieron en movimiento la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Derechos del Niño y los Tribunales de Justicia para hacer valer la obcecada voluntad del gobernante. El resultado ha sido la censura en cuanto a difundir información e imágenes relacionadas con la violencia. El oficialismo venezolano atribuye a los medios de comunicación el origen de la violencia y la inseguridad. Sin embargo, según los resultados de una encuesta reciente el 87.6 por ciento de los venezolanos no cree que el origen de la inseguridad esté en los medios.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Venezuela supera, por mucho a las de Colombia (32) y México (8), que libran una terrible guerra interna contra el narcotráfico y la guerrilla. En Guatemala, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ha venido creciendo rápidamente en los últimos años. En 2009 fue de 42.6 por ciento (según cifras de Inacif) y se proyecta para el presente año una tasa de 53 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2009, sólo en el departamento de Guatemala se registraron 90.31 homicidios por cada 100 mil habitantes, mucho mayor que la de Venezuela, la que de por sí, en comparación con los demás países del mundo, es de las más elevadas.
La altísima conflictividad y la violencia desbordada son consecuencia de que el Gobierno no cuente con una política criminal efectiva, que contemple estrategias de represión y prevención del delito. Venezuela y Guatemala son dos casos patéticos de negligencia en ese sentido. Antes se decía que vivíamos una “colombianización”, ahora más bien vivimos una “venezolanización”. ¡Qué tal!
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