Procom, empresa ganadora del concurso de armas, distribuye y representa a ALS Technologies Inc., acusada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y FBI de “soborno en el extranjero en el ramo de productos militares y policiales”.
Una compra de cinco mil granadas de gas lacrimógeno (Gas CS) y dos mil granadas de humo o gas fumígeno para uso de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron licitadas por el Ministerio de Gobernación, en una adjudicación que tiene varias irregularidades.
La empresa que la junta licitadora de la subdirección de Apoyo Logístico dio como ganadora fue Promotora Comercial (Procom) que recibió un monto de Q3 millones 570 mil por el armamento.
Esta empresa además ha realizado construcción de pozos, muros perimetrales, aulas de escuelas, venta de ropa y ahora va a suministrar armas a Gobernación.
La junta licitadora pasó por alto que la empresa Procom carece de licencia para la importación de armas por parte de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).
Pero también omitió señalar que Procom distribuye y representa en Guatemala a la compañía estadounidense ALS Technologies Inc., acusada por el Gobierno de ese país de dar sobornos a funcionarios de una nación africana a cambio de obtener contratos para la venta de armamento.
Para la firma del contrato, aún falta la decisión del ministro de Gobernación, Carlos Menocal, y hacer efectiva la compra, tema que aún se analiza.
El funcionario resaltó que en Guatecompras aparece como finalizado adjudicado, pero falta el siguiente paso que él junto a otros funcionarios den el visto bueno o rechazar las propuestas.
Con estos hechos, la Junta Licitadora incurre en serios incumplimientos que estaban requeridos en las bases de licitación de PNC, identificadas con el número DCPNC-01-2010.
Entre los requisitos de la licitación se establecía en el inciso k: “Documentación que acredite fehacientemente que el oferente cuenta con licencia vigente, extendida por la Digecam, para importación y venta de los bienes objeto de la presente licitación”.
De acuerdo con el contenido del mismo proceso, el requisito anterior es fundamental y no cumplirlo tendría que haberse rechazado la oferta.
Para establecer si la empresa contaba con el aval de esa institución elPeriódico solicitó los registros de Procom y la misma carece de los permisos respectivos.
En cada importación es necesario tramitar una licencia de importación, la cual tiene vigencia de un año.
Las granadas que la empresa aludida va a vender a la cartera del Interior se encuentran contempladas en el Decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones.
El Artículo 7 establece la descripción de las armas de uso y manejo colectivo “comprenden las ametralladoras ligeras y pesadas, cañones de ametralladora, cañones, aparatos de lanzamiento y punterías de granadas y proyectiles impulsados o propulsados”.
En el tercer párrafo indica que se incluye cualquier tipo de granadas, explosivos no industriales y/o elementos necesarios para su lanzamiento.
La venta que va a realizar la empresa en mención debe estar respalda por la Digecam.
De igual forma en los artículos 55 y 56 de la misma normativa se establecen los requisitos que las personas individuales y jurídicas deben cumplir para la compraventa de armas y municiones.
Un documento que consta en el mismo proceso de licitación y que fue firmado por el director del Digecam, Gabriel Portillo Arriaza, resalta que “las personas que se dediquen a la intermediación de armas de fuego y municiones deben estar autorizadas”.
Sin embargo, esa no es la única advertencia que hace la Digecam. Mediante el oficio 20/GOPA/CAMG-188-2009 de fecha 1 de octubre de 2009, Portillo Arriaza advierte a Héctor Israel Lapoyeu López (en ese entonces director de Apoyo y Logística de la PNC), que la empresa Procom debe tener licencia para vender las granadas.
De nuevo, el 21 de julio de 2010, se da otra resolución de la Digecam donde se señala que la empresa debe tener licencia.
En la junta de licitación a cargo del proceso se encuentra: Ceferino Salquil Solval, ex jefe de la Fuerzas Especiales Policíacas (FEP); Adela Janeth López Cun, departamento de informática de Gobernación; Julián García Alegría, de Escribanía del ministerio del Interior; Carlos Vinicio Cruz Álvarez y Carlos Arnoldo Ocaña Tohom, ambos de la PNC.
El 16 de agosto de 2010 la empresa Kosy, S.A., presentó una inconformidad ante ellos en la cual se pide descalificar a Procom, debido a que no cuenta con las licencias respectivas y, además, que las granadas que vende esa compañía tienen un diámetro mayor al de las bocachas de los lanzagranadas de la PNC, y que por lo tanto, no son funcionales.
Con fecha 19 de agosto la junta la rechaza y deja por escrito, “de conformidad con la ley no es necesario presentar licencia extendida por la Digecam para la importación y venta de granadas lacrimógenas y humo, para lo cual sólo es necesaria la autorización del ministerio de la Defensa”.
El concurso de esta compra de armas tiene 23 inconformidades en total, incluso, de empresas que fueron descalificadas por no cumplir los requisitos básicos como papelería incompleta, ofertas fuera de tiempo y limitación en las bases.
Consultados expertos en el tema de seguridad coincidieron en indicar que Procom debe contar con los permisos de la Digecam.
El Coordinador del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), Fernando Morales, resalto que la Digecam debe tener los registros de esa empresa y control sobre todas las armas que se importan.
“Se está haciendo un mal aprovechamiento de la ley, pues se usa para cometer arbitrariedades”, dijo Morales
Mario Mérida, analista en temas de seguridad, indica que la Ley de Armas y Municiones es precisamente para tener control de esas empresas y todas las armas que traen a Guatemala, y lo principal es que todas las compañías se encuentren registradas.
“No basta sólo con pedir permisos del Ministerio de la Defensa, pues entonces la ley no se cumple”, resalta Mérida.
El diputado de la bancada líder e integrante de la comisión de Seguridad, Luis Enrique Mendoza, indica que la nueva ley de armas y municiones incorporó elementos para que la Digecam tenga un control eficientes en esas empresas.
“Si por una mala interpretación de la ley se está permitiendo que una empresa que no está controlada por la Digecam importe y comercialice armas y/o explosivos, aún cuando estos no sean letales, es incorrecto y mala aplicación de la normativa”.
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