Luces y sombras de la prorroga del Contrato 2-85

Ampliar imágen Foto:  Archivo perenco explotará el Campo Xan por 15 años más.

Beneficios para el Estado Contrato 2-85,  millones US$

     2004    2005    2006    2007
Regalías        8.9    13.05    12.89    14.559
Prod. Compartida        45.2    60.2    69.11    78.391
ISR        3.9    8.11    8.8    9.11
FUENTE PERENCO

Los costos recuperables

>El Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, aprobado en 1983, crea la figura de los costos recuperables, con la intención de que sirvan de incentivo a la inversión. La empresa asume los riesgos de la exploración pero si tiene éxito y extrae petróleo, descuenta sus costos operativos de la parte del negocio que debe compartir con el Estado. El Reglamento, en su Artículo 219, los define como: “cualquier inversión de exploración y desarrollo o gastos de operación atribuibles al área del contrato”.  La norma no profundiza más, aunque en su Artículo 222 define qué costos no son recuperables, por ejemplo, los sueldos de trabajadores extranjeros que puedan ser ejecutadas por guatemaltecos, entre otros.
>En 2005, a través del Acuerdo Gubernativo 165-2005, se modifica el Reglamento. Los costos recuperables pasan a definirse como “todos los desembolsos en costos de capital, exploración, explotación  y desarrollo y los gastos administrativos”. El Artículo 222 se deroga y se incorpora una lista con los costos que sí son reembolsables, compuesta de 43 rubros.

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos que entraron en vigor en 2009 establecieron que para que un contrato petrolero pudiese ser prologando otros 15 años, el requisito básico debía ser que el nuevo acuerdo introdujese mejoras económicas para el Estado. Por ello, en las negociaciones para extender el Contrato 2-85, suscrito con Perenco para explotar el campo Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Gobierno siempre tuvo dos objetivos principales: aumentar la participación del Estado en el negocio hasta un 50 por ciento  y conseguir que la refinería de La Libertad y el oleoducto pasasen a manos  públicas. Así queda reflejado en el expediente de la extensión del acuerdo con la firma francesa. Y así, en su mayor parte, ocurrió.

Pero aun así, la prórroga del 2-85 no ha escapado a la polémica. Mientras que desde el Ejecutivo se insiste en las mejoras que traerán los nuevos términos, unos ingresos aproximadamente un 15 por ciento mayores, sectores de la oposición consideran que la extracción de petróleo sigue siendo un negocio del que el Estado podría obtener mucho más.

Regalías y producción compartida

Son las dos figuras que, según la Ley de Hidrocarburos, le permiten al Estado apropiarse de una parte del negocio petrolero. El nuevo contrato eleva los porcentajes de participación sobre la producción que le corresponden a Guatemala. En el rango de los primeros 10 mil barriles diarios, pasa del 40.5 al 42 por ciento y en el de entre 10 mil y 20 mil se eleva del 42 al 50 por ciento. Así, por ejemplo, en el mes de julio de 2010, en el que se extrajeron del campo Xan  unos 332 mil barriles –lo que equivale a 11 mil 176 diarios-, bajo el contrato que estuvo vigente desde 1985 hasta el mes pasado, el Estado hubiese recibido un 41 por ciento de lo producido. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, de los primeros 10 mil barriles, 4 mil 200 –el 42 por ciento- le hubiesen correspondido a Guatemala y de los 1,176 restantes, 588 –el 50 por ciento-,  lo que en total sumaría 4 mil 788 barriles, el 43 por cierto de la producción diaria. De esta forma, el Estado obtendría un 2 por ciento extra. Según el cálculo del titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Romeo Rodríguez, en promedio, la producción compartida se espera que sea un 3 por ciento superior bajo el nuevo esquema.  

La extensión del 2-85, además, contempla que el porcentaje de producción compartida se elevará un 2 por cierto adicional si el precio internacional del crudo tipo Maya sobrepasa los US$85 el barril. Aunque la introducción del principio de que Guatemala reciba más en función del valor del petróleo se ha considerado, en general, positivo para el Estado, lo cierto es que en las últimas dos décadas el crudo Maya solo superó los US$85 por barril entre mayo y septiembre de 2008. Este año por ejemplo, ha alcanzado un máximo de US$65, por lo que es probable que sea poco habitual el cobro del porcentaje extraordinario.

En cuanto a las regalías, que Perenco paga cada mes sobre la extracción neta; es decir, antes de descontar la producción compartida y los costos de operación, se mantienen intactas. Las regalías se calculan según la calidad –medida en grados API- del crudo producido. Dado que este año, por ejemplo, el petróleo de Xan fue de 15.8 grados, la regalía equivalió al 6.5 por ciento, que es también lo máximo que el Estado puede obtener, por que el crudo del 2-85 nunca ha superado esta calidad. La extensión también contempla un 1 por ciento  adicional si el precio del barril supera los US$85.
De esta forma, sumando regalías y producción compartida, bajo el nuevo contrato, en julio de 2010, se hubiese superado la meta del 50 por ciento de la producción que se fijó como meta el Estado. Además, como consta en el expediente de la prórroga, Perenco ofreció algo a lo que el Estado no había aspirado inicialmente, un pago de US$0.10 por barril producido, que se entregará directamente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).  Igualmente, la empresa se compromete a recuperar la vegetación del área del campo Xan dentro de los tres últimos años del contrato, una exigencia que en el acuerdo de 1985 no se había introducido.

El gerente económico del Banguat y suplente ante el Consejo Nacional del Petróleo, Óscar  Monterroso, consideró que los nuevos términos del contrato constituyen indudablemente una mejora para los intereses del Estado. “Si no, el Estado no hubiese podido prorrogar el contrato”, afirmó.

Oleoducto y refinería

Son los principales bienes   en manos de Perenco y por ello el Estado los ambicionó. Su costo, aunque asumido por la empresa, fue en realidad cubierto por el Estado a lo largo de los años, reconociéndole, primero a Basic Resources y desde 2002  a Perenco, tarifas para amortizar la inversión que se descontaban de la participación del Estado en la producción.
De la refinería de La Libertad, Guatemala sólo obtenía US$7 mil 500  anuales. Bajo el nuevo esquema, pasa a manos  estatales y Perenco, que pasa ahora a ser operadora, realizará un pago anual de US$150 mil para Fonpetrol y además US$1.50 por cada barril de derivados que salgan de la refinería. En los últimos años, la producción ha rondado el millón de barriles de asfalto, por lo que en total se generarían ingresos para el Estado de US$ 1.65 millones. Además, la refinería estará obligada a pagar IVA por los productos que comercializa, un impuesto del que estaba exenta hasta la fecha.
El oleoducto, en cambio, no pasa a control del MEM. Esto no ocurrirá, según explicó  Rodríguez, hasta 2017 cuando venza el contrato.  Guatemala, en la extensión, logró una reducción de la tarifa que le cobra Perenco por el transporte, que será de aproximadamente US$1 por barril menos de lo que era anteriormente, afirmó.

Gastos recuperables

Fuente de polémica, este rubro ha sido considerado incluso como el verdadero meollo del contrato. El diputado independiente Aníbal García, en un estudio económico elaborado por su despacho, afirma que los gastos recuperables que el Estado le reconoce a Perenco, provocan que Guatemala ingrese en torno a un 50 por ciento menos de lo que podría obtener con la extracción petrolera. La extensión del contrato no modifica en nada este asunto, de forma que la transnacional podrá seguir deduciendo de la parte de la producción que debe compartir con el Estado, la mayor parte de sus costos operativos: desde salarios, hasta construcción de carreteras, pasando por seguros médicos y casi cualquier inversión que efectúe Perenco.

“Son montos mínimos, es una figura habitual en este negocio, existe en Perú con el estaño y en Chile”, comentó el economista del Banguat. Sin embargo, las cifras que contiene el informe de la oficina de Aníbal García, que fueron solicitadas al MEM amparándose en la Ley de Acceso a la Información, muestran que desde 2005, los gastos recuperables reconocidos a Perenco no han bajado de los US$30 millones anuales. Así por ejemplo, en 2007, este rubro representó unos US$32 millones, en tanto que las regalías que obtuvo Guatemala, según cifras de la propia petrolera, fueron de US$15.6 millones, la producción compartida ascendió a US$78.4 millones y en concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR), pagaron US$9 millones. Por tanto, en ese año los gastos recuperables doblaron el valor de las regalías y casi cuadriplicaron el de los impuestos. En 2008, igualmente, mientras que las regalías sumaron US$21 millones y la producción compartida US$119 millones, los costos que  dedujo Perenco fueron US$50 millones.

“Debe quedar claro que los gastos e inversiones relacionadas con el negocio del petróleo los ha pagado el Estado con base a este sistema, en el que la empresa ha cobrado libremente los costos recuperables que la laxitud de la norma le permite. En muy pocas ocasiones hubo reparos serios de parte de los auditores a estos costos”,  señala el estudio del congresista.
Según argumentó Romeo Rodríguez, no es cierto que los costos recuperables vayan solamente en perjuicio del Estado, sino que se restan de la parte del negocio que empresa y gobierno se reparten, la producción compartida, y por tanto, “los pagan los dos”. “El proceso es de la siguiente forma –dijo Rodríguez- primero se monetariza la producción, del monto total se resta la regalía del Estado, después se restan los costos recuperables, y lo que queda se comparte entre Perenco y el Estado, según los porcentajes de producción compartida que estipula el contrato”. Y añadió: “a la empresa no le interesa declarar costos de operación más altos porque así se reduce también su parte del negocio”.

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