SP amplía denuncia por bloqueadores defectuosos

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Instalación defectuosa

>Durante la gestión de Óscar Berger, en 2007, se instalaron 41 antenas en 11 centros carcelarios. En abril de 2009 empezaron a funcionar con deficiencias.
>Se invirtieron Q21 millones 276 mil 223.60, de los cuales el SP solventó un 80 por ciento el año pasado. El restante 20 por ciento no será cancelado debido al incumplimiento del contrato.
>El SP invirtió Q86 mil 600 el año pasado debido a fallas eléctricas donde se tuvo que separar las antenas de la corriente eléctrica. 

Eddy Morales, director del Sistema Penitenciario (SP), amplió ayer la denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra la empresa Alta Comunicación S.A. (Alcom) por incumplir con el servicio de bloqueadores de señales de celulares que deberían tener una cobertura completa en los centros carcelarios.
Morales informó que presentaron la denuncia el 20 de noviembre de 2009 luego de que verificaron que sólo en 3 reclusorios se registraba el bloqueo del cien por ciento de la telefonía celular. El 22 de junio ratificaron la denuncia y luego fijaron plazo a los encargados de la empresa para el 31 de agosto, con el fin de  que efecuaran las reparaciones, pero esto fue incumplido.

Ayer, se amplió la denuncia por coacción, encubrimiento propio, asociaciones ilícitas, conspiración, obstrucción a la justicia y extorsión.
 “Esperamos que nos entreguen las antenas funcionando al cien por ciento de su capacidad”, aseveró Morales.
Se trató de contactar a personeros de la empresa, pero nadie contestó las llamadas. Según indicó el SP, ellos aseguran que la topografía del terreno en algunas cárceles no permite que se obstruya la señal, mientras que otras fallas responden a problemas técnicos, por lo que necesitan otra clase de equipo. El funcionario dijo que la empresa debió contar con un estudio previo de factibilidad para demostrar que era viable el proyecto.

Morales aseguró que para evitar el ingreso de celulares a las cárceles establecieron protocolos de seguridad.
Agregó que al momento cuentan con 689 denuncias de actos de corrupción donde están involucrados 4 alcaides, 2 armeros, 125 guardias, 5 ex directores y 553 privados de libertad.
Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), afirmó que cualquier empresa que licita debe contar con un estudio para garantizar el servicio que presta. “El Ministerio de Gobernación tendría que haber revisado que se cumpliera con los requisitos. Ahora es el problema de los bloqueadores, pero hay otro tipo de contratos que se traducen en pérdidas millonarias”, refirió.

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