Resulta irresponsable generar animadversión por tratar de rentabilizarla electoralmente.
La cifra es concluyente. En 3 años, 3 largos años de gestión de la Unidad Nacional de la Esperanza y de ejercicio de poder político real por parte de Sandra Torres, se han gastado poco más de Q1.9 millardos en Cohesión Social. Esto incluye a todos los programas. Desde Mi Familia Progresa, que distribuye pensiones de Q300 mensuales a quienes se comprometen a enviar a sus hijos a la escuela y al centro de salud, hasta Mi Comunidad Produce, pasando por Comedores Solidarios y las Bolsas idem.
De un monto cercano a los Q140 millardos, sumados los presupuestos de los últimos 3 años, sólo se ha dedicado un poco más del 1 por ciento a Cohesión Social.
Es decir, apenas nada, para tratarse del eje principal de la acción del gobierno de Álvaro Colom. Y sin embargo, es a ese gasto al que se atribuye, de la manera más terminante y condenatoria, la precariedad en las cuentas del Estado.
Imaginen ustedes cuán rígido, cuán inflexible y comprometido se encuentra ya el presupuesto nacional para que la asignación de menos del 2 por ciento de este genere semejante desbarajuste en las cuentas públicas.
Es cierto que Cohesión Social ha acarreado desorden al manejo del presupuesto sobre todo debido a la gran cantidad de transferencias que en su nombre se realizan por no encontrarse debidamente aprobadas las asignaciones de fondos para sus programas. También es cierto que ha sido un despropósito del Gobierno hacer crecer esos mismos programas sin contar con ingresos garantizados y más aún la resistencia que ha planteado durante largos meses a la fiscalización del uso de estos fondos. Y que al convertir esta política en una bandera partidaria, con claros intereses electorales, inspira encono en contra de ella. Todo eso es cierto, pero la inversión que se hace es apenas marginal si se tiene en cuenta la envergadura del reto que la lucha contra la pobreza plantea a la sociedad guatemalteca.
Hoy es común escuchar grandes críticas porque el partido oficial y el propio Gobierno le regatean fondos a importantes instituciones que atienden necesidades tan ingentes como la lucha contra las enfermedades renales, o el cáncer infantil, o los males cardiovasculares y se sostiene que deberían priorizarse estas contribuciones frente a los programas de Cohesión Social, pero tan necesario es el dinero en esas instituciones como en las transferencias condicionadas. El país no puede seguir criando niños cuyo cerebro no se desarrolla por la desnutrición. También se le recrimina al Gobierno que no acuda pronto a sufragar los más de Q1.2 millardos para reparar los daños que las lluvias han dejado en la red vial y se habla de suspender los gastos en programas como Mi Familia Progresa para reconstruir puentes. Con lo que se le asigna a ese programa en un año no alcanzaría siquiera para reparar las carreteras. Y por supuesto, nadie habla de asistir a quienes perdieron sus casas y sus magras posesiones debido a Agatha.
Lo que pasa es que durante largas décadas, los guatemaltecos hemos vivido de espaldas a la realidad nacional. El Estado de Guatemala necesita muchos más fondos de los que le proveemos para atender las necesidades fundamentales de su población. Y una de esas necesidades, queramos o no entenderlo, es combatir de manera directa la pobreza y la desnutrición. Por años ese combate se ha financiado con apenas migajas del presupuesto. El gobierno de Colom merece reconocimiento por haber colocado ese tema en el centro del debate político nacional, aunque lo haya hecho de tan mala manera.
Vistas las cifras, es obvio que resulta una necedad atribuirle a Cohesión Social la precariedad del Estado. Pero resulta todavía más irresponsable generar animadversión hacia una política necesaria en el país por tratar de rentabilizarla electoralmente.
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