En plena campaña electoral en 1995, Álvaro Arzú sobrevolaba el área rural del Quiché, cuando volvió a ver a Arabella Castro y le preguntó “¿qué hará usted para llevar educación a esos caseríos?”. La futura ministra observó detenidamente las minúsculas viviendas, dispersas entre las montañas. Sabía que la pregunta era un pronóstico de la función que le sería encomendada y de la prioridad que se prestaría al sector. Debían identificar una modalidad para atender a miles de niños que no iban a la escuela, simplemente porque no había una a dónde ir. Con esta anécdota ella inició su intervención en un panel sobre políticas educativas realizado en la Universidad del Valle. Comentó que el cuestionamiento provocó un análisis concienzudo sobre cómo llevar educación a áreas remotas, pues no sólo se trataba de ampliar el acceso, sino de garantizar la permanencia de los niños en las aulas y ofrecerles un servicio pertinente y de mejor calidad. El esfuerzo era titánico y requería la participación y compromiso de muchos actores, particularmente de los padres de familia.
No se debía partir de cero, pero tampoco convenía replicar los problemas del sistema educativo tradicional, caracterizado por una débil capacidad de gestión, limitada participación comunitaria, enorme centralización y escasa supervisión. Una auditoría practicada a todas las escuelas del país reportó que en un día normal de clases cerca de una cuarta parte de las escuelas se encontraban cerradas y que en las que sí estaban funcionando un 24 por ciento de los maestros no estaban presentes. También evidenció la falta de evaluación y acompañamiento que aquejaba al sistema. Las comunidades rurales debían esperar varios años para que les fuera asignada una plaza docente y luego del largo vía crucis, veían con desaliento cómo más tardaba el maestro en llegar que en solicitar su traslado a un sitio más cercano al casco urbano.
Todo ello hizo que se optara por Pronade, una modalidad descentralizada en donde se transfería recursos a los padres de familia “organizados” para que abrieran una escuela, contrataran al maestro y adquirieran materiales de apoyo, útiles y alimentación. A pesar de la fuerte oposición del gremio magisterial, el programa que atendía a cerca de 27 mil niños a principios de 1996 llegó a cubrir a 254 mil durante el mandato del presidente Arzú. Pronade sobrevivió 2 administraciones más, hasta que desapareció en la actual. ¿Por qué una modalidad costo-efectiva, que tuvo continuidad por más de 15 años, no recibió el respaldo que merecía? ¿Cómo pudo prevenirse este desafortunado desenlace? No debemos seguir dando un paso para adelante y 5 para atrás, pues aún debemos superar un fuerte rezago educativo.
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