La evidencia de Pavón, paso por paso.
Acisclo Valladares Molina
El gobierno del presidente Berger –Oscar Berger y Eduardo Stein– después de dos años y medio de haberse instalado en el poder, decidió poner fin a lo que hasta entonces había tolerado y, así, realizó un operativo para retomar el control de la cárcel de Pavón, control que se encontraba en poder de los reclusos y, concretamente, de su llamado “Comité de Orden”.
Durante dos años y medio toleró ese Gobierno, decíamos, que el Comité de Orden y reclusos “escogidos” violaran a las mujeres que visitaban a los reos, cobraran rentas por viviendas especiales, por protección y otras linduras semejantes y comercializaran todo tipo de productos haciéndose, así, de entradas millonarias. ¿Dónde, entonces, estaban la Dirección General de Presidios y, algo más, el Gobierno en pleno?
La situación que se vivía en Pavón no llegó a darse por emanación espontánea, sino por contubernio maligno entre reos y Gobierno.
Puestas las autoridades a ponerle fin a lo que ellas mismas alentaron, planificaron –y ejecutaron– la toma de Pavón. Es decir, la recuperación del control de esa cárcel.
El resultado de aquella operación fue publicitada con bombos y platillos y se exhibió como un éxito rotundo de las autoridades de ese tiempo.
El operativo implicó la participación y presencia de distintos órganos del Estado entre estos, el Ejército de Guatemala ¡cuando no el manoseo pachuco –civil– de la institución armada! la Dirección General de Presidios y la Policía Nacional Civil, dependencias ambas del Ministerio de Gobernación; la Comisión Presidencial de Derechos Humanos – Copredeh– y el Ministerio Público. Curiosamente –y valga la digresión– la institución del Procurador de los Derechos Humanos no fue llamada a ejercer presencia alguna y, es más, tuvo graves dificultades para ingresar a las instalaciones, lo que no logró sino hasta después de que todo estuviera consumado.
El operativo de las citadas instituciones y dependencias –al parecer conjunto– dejó un saldo de siete personas muertas, reos todas, siendo esa muerte el punto de partida del proceso penal que se ventila.
El hecho de que hubiera siete muertos es un hecho probado y no merece discusión alguna, así como el hecho, también probado, de que no se murieron, de gripe. Sin embargo, el que hayan muerto no implica –necesariamente– una acción criminal puesto que bien podrían haberse suicidado o podrían haber caído en combate con las autoridades, en el legítimo ejercicio del poder.
Los cadáveres de los reos son los mejores testigos de su muerte y, así, a través de sus respectivas necropsias y demás pruebas que se les hayan practicado, se habrá podido determinar –por ejemplo– si en algún momento dispararon, así como la hora aproximada de su muerte, a qué armas corresponden sus heridas y la distancia a que fueron activadas y –en fin– múltiples circunstancias que pueden descartar la muerte natural, el suicidio, y el enfrentamiento armado.
El mejor de los testigos, decía: los propios cadáveres.
¿Se hicieron estas pruebas?, ¿se encontró algún vestigio del “combate” que se alega?, ¿vestigio de combate alguno?, ¿qué dicen las paredes y los vidrios?
Si nada de esto se hubiera realizado ¿qué hacen libres los funcionarios del Ministerio Público, cuyas funciones –entonces– se habrían incumplido?
¿Que existe evidencia? ¿Que se desprende de ella, decía, que los reos no murieron de muerte natural, ni se suicidaron, ni cayeron en combate alguno sino –antes bien– que fueron simplemente asesinados? Si es así, el proceso penal tiene que llevar al necesario castigo de asesinos y secuaces
¿El que se haya asesinado a los siete reos implica que sean las autoridades, las asesinas? No, necesariamente, puesto que podrían haber sido muertas por otros reos pero, incluso, para el caso de que lo hubieren sido por autoridades y “paraautoridades” tampoco hace penalmente responsables a las autoridades que hayan planificado e, incluso, ejecutado el operativo sino sólo a aquellas que –intelectual o materialmente– hayan asesinado a aquellos reos.
El que no hayan ordenado esos crímenes, no las libera, sin embargo, de la responsabilidad institucional que les compete, puesto que habrían planificado –o ejecutado– mal, el operativo realizado, disputada su paternidad, por cierto, entonces, pero pepe, ahora… ¿Usted qué opina?
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