Se duplican los adolescentes recluidos en centros de detención

Ampliar imágen Foto:  Archivo Familiares de los menores recluidos a la espera de la hora de visita.

Nuevo  centro

>Este mes la SBS inaugurará un centro de capacitación para jóvenes que han estado en conflicto con la ley en el que se brindarán cursos de panadería, pastelería, belleza, computación y alfabetización para darles una oportunidad de lograr su reinserción en la sociedad.
>El centro funcionará en la colonia Landívar, zona 7, y tendrá capacidad para atender a 150 adolescentes en dos jornadas. El inmueble es propiedad del Estado y se destinaron cerca de Q300 mil para remozarlo y equiparlo.

Durante la última semana de agosto, 3 menores que portaban una pistola fueron capturados en la avenida Petapa luego de robar un auto y secuestrar a su propietario. Otros dos menores fueron detenidos acusados de atacar un cuartel de la Policía con una granada y fusiles AK-47.

Estos hechos confirman las recientes declaraciones del ministro de Gobernación, Carlos Menocal, que concluyó que cada vez son más los menores de edad que son reclutados por pandilleros para cometer hechos delictivos.

En noviembre de 2009, en los centros de privación de libertad para menores se tenía un registro de 205 detenidos. A la fecha, Jorge Mario Caballeros, subsecretario de Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, entidad dependiente de la Secretaria de Bienestar Social (SBS), indicó que en lo que va del año esa cantidad ha aumentado más del cien por ciento.

Se tiene registro de 47 mujeres y  511 hombres detenidos en los cuatro centros que están a cargo de la SBS. Es decir, que 558 menores se encuentran detenidos por delitos como hurto y robo agravado, secuestro, extorsión, homicidio, femicidio y por haber desmembrado a sus victimas. Entre ellos están los 48 jóvenes ligados a proceso por el asesinato del maestro Jorge Winter Vidaurre dentro del centro Etapa 2 de San José Pinula, ocurrido en marzo de 2009..

El costo de atender a un menor dentro de los centros es de entre Q400 y Q600 mensuales, explicó Caballeros. Algunos de los detenidos cumplen sentencias de 6 años, que es la pena máxima imponible a un menor de edad. Según Caballeros, en el caso de los hombres se divide a los reclusos que pertenecen a la Mara 18 y a los de la Mara Salvatrucha para evitar enfrentamientos entre ambas pandillas, como ocurrió en 2005. En un tercer lugar se ubica a los denominados paisas, que son jóvenes infractores que no pertenecen a maras.

La SBS atiende a 356 jóvenes más, a quienes los juzgados ordenan permanecer en un programa de libertad asistida bajo el cual deben presentarse cada 15 días a participar en actividades.

Situación complicada

Según Nidia Aguilar, defensora de la niñez y la juventud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), las autoridades “están en una situación difícil”, pues el perfil de los jóvenes que ingresa a los centros ha cambiado en los últimos cinco años. Ahora, más del 50 por ciento está por delitos graves, agregó.

Es un tema que debe ser abordado por todas las entidades que trabajan con niñez y adolescencia para lograr fortalecer los programas y atender cada caso con un plan supervisado por los juzgados, indicó la funcionaria de la PDH, que reconoce que la atención de los centros es una carga muy fuerte para la SBS.

Escaso personal

De acuerdo con Caballeros, para la atención de los cuatro centros se necesitan 25 maestros, pero los docentes tienen miedo de laborar dentro de estos correccionales. La mayoría del personal renunció luego de la muerte de Winter y que el Gobierno congeló las contrataciones de mentores. Únicamente cuentan con 9 que deben dar clases a grupos de 10 privados de libertad para evitar incidentes.

Además, se cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, un procurador y 110 monitores que se encargan de mantener el orden, aunque no portan armas de fuego. Del perímetro de los centros se encargan miembros del Ejército y existe un convenio con la Policía Nacional Civil para que haga el registro de las personas que visitan a los menores.

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