A estas alturas, han de ser ya centenares de kilómetros de carreteras principales, secundarias y caminos vecinales los que fueron dañados por las lluvias. Y si luego del paso de Agatha se hablaba de 22 puentes, a estas alturas han colapsado otros más. El Puente Motagua, por ejemplo, que une Guatemala con Honduras en Izabal, en el kilómetro 301 de la ruta al Atlántico, se derrumbó, cerrando una importante ruta.
Cuando a mediados de junio, el Gobierno mencionó la posibilidad de instaurar un impuesto extraordinario y temporal para financiar la reconstrucción, hubo una reacción negativa de parte del Cacif. La coordinadora empresarial le dijo a Colom que lo conveniente era utilizar los recursos que ya se le habían autorizado al Gobierno, en forma de –pongan atención– préstamos, bonos y donaciones. ¡Imagínense!
Durante el presente régimen, el Cacif ha saboteado sistemáticamente cualquier posibilidad de financiar al Estado. La reforma fiscal propuesta por el anterior ministro de Finanzas, fue torpedeada desde fuera por el Cacif y desde dentro por los agentes del sector privado en el Gobierno. Y cuando el régimen estaba a punto de alcanzar un acuerdo con las compañías telefónicas, para un impuesto a las ganancias de estas empresas, el Cacif presionó para que esto no se cristalizara.
El sector privado organizado está empeñado en negarle el agua y la sal al actual régimen, al cual ve como una antesala del chavismo. Tanto pavor les causa la eventual candidatura de Sandra Torres que hasta han contemplado la posibilidad de dar el trago amargo y apoyar a Otto Pérez Molina, con tal de impedir que la UNE repita. Y eso, a pesar de que Otto Pérez Molina promovió una interpelación de Carlos Vielmann, cuando este era ministro de Gobernación, para cuestionarle por las ejecuciones extrajudiciales, que se daban ya por docenas durante el gobierno de Óscar Berger.
En Chile, un país al que el sector privado le gusta tanto poner como ejemplo, el presidente Sebastián Piñera propuso al Senado aprobar un año un impuesto de 3 por ciento a las ganancias de las grandes empresas. Al segundo año, este impuesto bajaría al 1.5 por ciento y luego, al finalizar este, sería eliminado. Algo así debiera plantearse para el país. Las carreteras y los puentes no le sirven sólo a los activistas de la UNE, sino también a las empresas privadas y a las personas particulares.
Entiendo las suspicacias del sector privado, sobre todo al ver la forma tan irresponsable con que el Congreso decide el destino de ingresos corrientes, préstamos y emisiones de bonos. Sin embargo, este no es un momento para endeudar más al país. Tal como se ve en el proyecto de Presupuesto de 2011, más de la mitad de los ingresos programados, el 50.8 por ciento, están destinados al pago de las obligaciones del Estado y la deuda pública. Con un presupuesto así, ¿vale la pena contratar más préstamos? ¿O ir a limosnearle a la cooperación internacional para que la reparación de carreteras, puentes y sistemas de riego que nosotros deberíamos financiar?
No sé si usted estará de acuerdo conmigo pero yo pienso que el Gobierno debiera imitar a Piñera, y que seamos nosotros, grandes empresarios y guatemaltecos de a pie, quienes aportemos los recursos para reponer la infraestructura destruida.
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