Con esta denominación viene impulsándose en el país una campaña de orden político social que, bajo el liderazgo de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y Plataforma Agraria (PA), dedica sus esfuerzos a concientizar a la sociedad nacional sobre la importancia de cumplir y –en su caso– exigir la observancia del derecho a alimentarse, exigir del Estado nacional el cumplimiento de su obligación de respetar, proteger, garantizar, y facilitar, la consecución plena de este derecho por todos los habitantes del país.
Y es que pese a ser Guatemala un país rico en recursos naturales, poseer importantes zonas de su territorio con vocación para la producción alimentaria y contar con el andamiaje legal e institucional para garantizar el acceso a los alimentos por parte de la población, este hecho es aún quimérico. En efecto, dentro de la estructura gubernamental existe la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, organismo núcleo del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, este último coordinado por el Vicepresidente de la República, para “darle peso político e institucional al esfuerzo”. Y, sin embargo, el hambre asola campos y ciudades.
Alrededor de 2 millones de habitantes del país están en riesgo –permanente– de inseguridad alimentaria –según FAO–, crisis endémica que nos ha llevado al angustiante récord de desnutrición crónica en el 45.6 por ciento de niños y niñas de 6 a 9 años, y del 49.3 por ciento para el caso de los niños y niñas menores de 5 años. Estas cifras se multiplican en los departamentos de Totonicapán, Sololá, El Quiché, y Huehuetenango, en donde la media alcanza al 65 por ciento de los niños y niñas. Razones más que sobradas para sustentar el esfuerzo social dinamizado por las organizaciones campesinas y sociales. Estamos obligados los guatemaltecos a transformar la quimera en realidad concreta: Una Guatemala sin Hambre.
La tarea es significativa y llena de complejidades, pasa por cuestiones fundamentales. Empleo y salario –es sólo una de ellas–, y es que con un salario mínimo de Q56 diarios, es imposible para una familia cubrir una dieta básica balanceada. La bolsa solidaria de alimentos algo ayuda a paliar las necesidades poblacionales. Evidentemente, no es sostenible ni solución de fondo. En síntesis, la convocatoria ciudadana Una Guatemala sin Hambre debe ser respaldada por los más amplios sectores sociales. De esa respuesta dependerá el éxito, no de la campaña, sino del futuro de nuestra niñez. Abandonar la ruta de Estado famélico significa pasar de una política clientelar y paternalista a proveer al campesinado de los medios y recursos suficientes para incrementar la producción alimentaria.
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