Montenegro asegura que firmantes de varios amparos en su contra y beneficiarios de Mifapro dicen no saber que accionaban en su contra.
La municipalidad de Palencia no tuvo ningún reparo en cancelar los servicios de un abogado para promover acciones legales contra la diputada Nineth Montenegro.
Un total de Q15 mil pagó esa comuna al abogado Léster Flores Arana, según información del Ministerio de Finanzas, para evitar que se publicaran nombres de beneficiarios del programa gubernamental Mi Familia Progresa. De acuerdo al amparo promovido por Flores, los vecinos del lugar se sentían amenazados por la entrega de esa información a la congresista. Pero ese temor nunca existió, según las pruebas presentadas por Montenegro al Contralor General de Cuentas.
En los testimonios recopilados refieren que una persona a la que identifican como Yeny, de la coordinadora municipal de Palencia de Mifapro, los llamó, les dijo que la diputada los perjudicaría y les indicó que tenían que firmar un papel en blanco o de lo contrario se les quitaría los Q300 quetzales mensuales del programa.
“Lo que sí me acuerdo es que nos juntaron en una casa para que firmáramos, esa es la única firma que hemos hecho”, recordó una de las entrevistadas.
El alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, aceptó que se habían usado recursos de su comuna para cancelar los servicios de Flores Arana, que representó a los beneficiarios de Mifapro en ese municipio.
Pero dijo desconocer si el jurista obtuvo la firma de los vecinos de forma anómala. “Lo que estamos haciendo es salvaguardar Mifapro porque somos defensores del programa”, dijo.
Pero el contrato de este jurista no fue el único denunciado. Montenegro dio a conocer que los abogados Francisco González Corado y Carlos Román Figueroa fueron los que presentaron 60 amparos en su contra, también con los mismos argumentos.
González aparece con dos contratos en la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones, durante el período en que se presentaron las acciones legales.
El abogado asegura que no ha presentado ningún amparo contra la parlamentaria. “Aquí debe haber un error”, recalcó.
En el caso de Román Figueroa, Montenegro señala que a través de una de las redes sociales, conoció que él trabaja como asesor para el Gobierno y USAID.
La institución internacional negó tener contrato alguno con alguien de este nombre.
Edgar Rosales, vocero de Cohesión Social, dijo que es evidente que la diputada no ha encontrado anomalías en Mifapro y está inventando este tipo de acciones. Sobre los nombres que ella dio, "por lo menos hay un abogado que está contratado bajo el renglón 0-29, pero él, como abogado, puede brindar asesoría legal a quien se lo pida", dijo Rosales.
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