Preparan tres casos de violación laboral bajo el marco del TLC con EE.UU.
Los representantes de organizaciones sindicales de Guatemala se reunieron ayer con los delegados de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales de EE.UU. (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) para ampliar la información que presentarán al Departamento de Trabajo de EE.UU. sobre los casos de violaciones a los derechos laborales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Las demandas presentadas fueron planteadas por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, el Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (Sitrabi), el Sindicato de la Empresa de Productos Congelados Internacionales (Inprocsa), y los trabajadores de las maquiladoras Fribo, S. A. y Avandia, S. A..
Los sindicatos preparan al menos tres casos más de violaciones a los derechos laborales en el país para presentarlos ante el Departamento de Trabajo de EE.UU. Rigoberto Dueñas, representante sindical ante la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo, explicó que en 2008 se presentó una denuncia que incluyó 5 casos de violaciones laborales, a los que podría sumarse la denuncia en contra de la empresa de maquila Sae Internacional. Otros dos casos de violación al derecho de libertad sindical y negociación colectiva podrían presentarse en una segunda denuncia ante el Departamento de Trabajo.
Rafael Sánchez, asesor jurídico de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (Festras), informó que se trata del Sindicato de Trabajadores de la Distribuidora del Petén (Sitrapeten) y del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Los representantes del Departamento de Trabajo y de Comercio de EE.UU. se reunieron ayer con las autoridades guatemaltecas para conocer si han cumplido con las recomendaciones en materia laboral. En caso de comprobarse las violaciones al derecho de organización sindical, el Estado de Guatemala podría ser sancionado con el pago de una multa que asciende a US$15 millones.
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