Según la Ley de Educación de Venezuela, los medios de comunicación deben transmitir contenidos educativos y evitar mensajes que influyan negativamente en los niños. La Carta Magna ecuatoriana exige que la información sea veraz, verificada, oportuna y contextualizada. En Bolivia, la Constitución ordena que las noticias sean responsables.
Muchos argumentan que, en realidad, lo que esos gobiernos pretenden es arrebatarle el control de los medios a la iniciativa privada, obteniendo así la hegemonía de la información. Los temores remiten a eso que la derecha, dando patadas de ahogado tras el creciente fracaso de sus consignas favoritas, denomina “amenaza socialista”.
Y bueno, al margen de si el socialismo representa o no una amenaza en su calidad de alternativa al descalabro capitalista y su marchita “utopía realizada”, hace falta ser demasiado bruto para no percibir cierta inspiración totalitaria en los procedimientos utilizados por algunos jefes de Estado (Hugo Chávez y Daniel Ortega, por ejemplo) para conseguir lo que se proponen.
Ingenuo sería, también, tragarse la pose de víctima que las corporaciones mediáticas ofrecen de sí mismas, cuando ya hemos visto con qué laxitud lucran vendiéndonos una supuesta información que a menudo no es tal. Resulta revelador que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), principal frente de oposición a los intentos por regular los contenidos noticiosos, tenga su sede en Miami y haya surgido en 1943 con el auspicio de Fulgencio Batista.
“La prensa libre se ha convertido en el último bastión para defender la democracia”, sostiene Ricardo Trotti, funcionario de la SIP.
¿Cuál prensa libre?, cabe preguntarse una vez más.
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