La pertinaz lluvia que asuela nuestra tierra ha causado enormes devastaciones. Parte de la destrucción ha ocurrido en la infraestructura vial donde, aparte de los daños materiales, se lamenta la pérdida de valiosas vidas.
Que el cambio climático esté provocando temporales a los que ya estábamos desacostumbrados, es algo fuera de nuestro control. Sin embargo, la proporción de la destrucción tiene que ver no solamente con la impetuosidad del clima, sino también con la mala calidad de las obras, lo cual nos hace reflexionar sobre la poca exigencia que las leyes imponen al Gobierno y las empresas que subcontrata de responder por su negligencia y, peor aún, el espacio que existe en estas contrataciones para la corrupción.
Quizá el caso más grave se produjo este fin de semana, cuando en el kilómetro 171 de la Carretera Interamericana uno de los taludes verticales se derrumbó, soterrando a 25 personas. Según el propio presidente del Colegio de Ingenieros, ese talud fue construido sin respetar las normas de seguridad mínimas, pues nunca debió hacerse en forma totalmente vertical, sino escalonada.
Lo más grave es que, antes de que sucediera la tragedia, varias comunidades habían advertido la existencia del peligro e intentado hablar con los responsables de la constructora para que tomaran medidas al respecto. Pero resulta todavía más indignante que miembros de la Municipalidad de Tecpán habían intentado hablar con personal del Ministerio de Comunicaciones, sin ningún resultado. De igual manera, el Alcalde de Santa Apolonia quiso señalar deficiencias palpables en otro tramo de la misma obra sin ser atendido.
Así, las 25 muertes ocurridas no pueden adjudicarse a una tragedia climática. Son resultado directo de la negligencia del Ministerio de Comunicaciones que no cumplió con su obligación de supervisión y auditoría y tampoco atendió las legítimas peticiones de ciudadanos y autoridades para tomar medidas en una obra vial peligrosa. ¿Por qué tanta indiferencia?
El Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria solicitada por el Presidente. Sin embargo, causa un temor justificado el que esos fondos vayan a parar a obras mal hechas. Y peor aún: que no exista ninguna acción legal en contra de los responsables cuando sucede un desastre.
Resulta imperativo que el Estado actúe con todo el peso de la ley en contra de la empresa responsable de la tragedia ocurrida el fin de semana. También deberá juzgarse a los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones que desatendieron sus obligaciones al no supervisar en forma adecuada la obra y aceptar un trabajo que no llenaba los estándares de calidad necesarias. Su incumplimiento constituye negligencia (o abierta corrupción) que, dado el resultado, tiene implicaciones de mucha gravedad.
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