Dos personas que prestaron testimonio han sido asesinadas en un año. Ambas murieron baleadas un 8 de septiembre. Una de ellas sí declaró ante el juez.
Él cocinaba para uno de los convictos muertos; ella era pareja de otro recluso. Él declaró cómo mataron a su jefe; ella confesó que señaló las casas de los reos que murieron.
Ambos fueron incluidos en una lista de testigos a proteger después de dar su versión ante investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ambos siguieron su vida normal. Ninguno de los dos fue protegido. Ella y él murieron bajo una lluvia de balas. Los dos asesinatos, como coincidencia, fueron un 8 de septiembre.
Su muerte representa la pérdida de dos personas que conocían datos sobre el ingreso de la fuerza pública a la Granja de Rehabilitación Penal de Pavón.
El 8 de septiembre de 2009 fue asesinada Sindy Jeaneth Alvarado González, de 32 años, en la zona 4. Había declarado ante la CICIG para esclarecer la muerte de 7 reos en Pavon, en septiembre del 2006.
La CICIG y el Ministerio Público (MP) sostienen que los convictos fueron asesinados a sangre fría y no en un intercambio de balas, como informaron las autoridades de esa época. Aunque prestó su declaración ante investigadores de la Comisión, no lo hizo delante de un juez. Su relato no se convirtió en evidencia dentro del juicio que hoy se sigue contra al menos 18 personas acusadas de ejecuciones extrajudiciales.
El segundo caso sucedió el miércoles, también un 8 de septiembre. Esta vez fue asesinado Antony Alexander Cruz García, de 37 años. Había salido una semana atrás de la cárcel, donde permaneció 10 años, en cumplimiento de una sentencia que le halló culpable de homicidio y robo agravado.
Ayer un grupo especial de la Policía Nacional Civil (PNC) fue designado para investigar el crimen. En la Fiscalía Especial para la CICIG dijeron que aunque no llevarán el caso, sí apoyarán la diligencia. ¿Por qué? Porque Cruz García fue uno de los cuatro reos que declararon como prueba anticipada en el caso contra ex policías y funcionarios del Ministerio de Gobernación.
No obstante, las autoridades desconocen si Cruz García estaba en el programa de testigos protegidos. “No sabemos, con ese nombre no aparece nadie en el programa”, dijo la fiscal del caso. La CICIG mantiene su postura de que Cruz García no aceptó la protección.
La ex integrantante de la CICIG, la fiscal Gisele Rivera, dijo desde Costa Rica que él siempre pidió protección. “Él, desde que declaró ante nosotros, en noviembre del 2008, pidió seguridad y aunque él no la quisiera, debía protegérsele. Hubo negligencia de la Fiscalía y la CICIG”, dijo Rivera.
Aunque se le consultó sobre la decisión al jefe de investigación de la CICIG, Pedro Díaz, no respondió las preguntas y evitó hacer un comentario sobre la muerte de Cruz García.
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