El magistrado consentido de la sociedad civil, César Barrientos, se pegó un buen resbalón la semana pasada.
Se ha dicho muy poco al respecto. Tanto así que varios activistas le dieron su voto de confianza a Barrientos para que aspire a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en vez de señalar el patinazo, no digamos de censurarlo.
A mí me parece que el desliz de Barrientos amerita comentarse, independientemente de los cálculos políticos que se hagan de cara al próximo relevo en el Organismo Judicial. No se trata de una simple torpeza que pueda barrerse bajo la alfombra. No: se trata de una señora metida de pata.
El lunes pasado, el señor Alejandro Giammattei denunció que antes de ser detenido por las fuerzas de seguridad, un magistrado lo llamó para solicitarle que se declarara culpable y se convirtiera en colaborador eficaz. A cambio de información, le ofreció a Giammattei un proceso por delito administrativo, una sentencia corta y la posibilidad de sacar a su familia del país con “casa, carro, sueldos y puntos”.
Al enterarse de estas declaraciones, el magistrado Barrientos confirmó, como si se tratara de la cosa más normal del mundo, que él era el magistrado que se había comunicado con Giammattei para “darle consejo” antes de su arresto.
La confesión, lisa y llana, amerita que a cualquiera se le caiga la quijada del asombro.
Los jueces, y con mayor razón los magistrados que integran la instancia superior de las cortes, están para conocer los procesos, analizar imparcialmente las pruebas presentadas y emitir sentencias. Su misión es juzgar. No les compete participar de la acusación: para eso están los fiscales. Desde luego, tampoco debe ser su trabajo respaldar a los acusados, argumentar a favor de ellos y mucho menos, alcahuetearlos: para eso están los abogados defensores.
Aunque estemos atravesando una crisis abismal de seguridad, los principios del debido proceso deben respetarse siempre. De lo contrario, la justicia se pervierte y el día de mañana se vuelve en contra de cualquier ciudadano.
Resulta inaceptable que a un personaje perseguido por la ley se le advierta, días antes de su captura, que se va a proceder contra él. De igual forma, tampoco podemos permitir que el Fiscal o la Cicig lleguen del brazo de un magistrado a ofrecer una negociación de colaborador eficaz. Más inaudito aún es que antes de que empiece el juicio, un jerarca de la Suprema anticipe en qué sentido van a darse futuros fallos.
La figura del colaborador eficaz es nueva en Guatemala y nos tomará tiempo aprender a utilizarla para que sirva a los fines de la justicia. Ha levantado críticas, pero se trata de una herramienta muy válida. Negociaciones parecidas a la que se intentó llevar a cabo con Giammattei ocurren todos los días en el mundo civilizado y nadie se arruga por ello.
Eso sí, estas propuestas las hacen los fiscales, nunca los jueces, y nunca antes de apresar al acusado. Además, se negocia sobre la acusación, no sobre la sentencia.
Si en nuestro país las cosas marcharan como debieran, el solícito “consejo” de Barrientos habría generado un escándalo de 20 pisos. Pero como aquí vivimos en “el mundo del revés”, nadie dijo pío… si acaso le pedirán a Barrientos que se excuse de conocer este caso. Con la mente conspirativa de los guatemaltecos, ya no sabe uno si el debilitamiento de este proceso tan polémico ha ocurrido a propósito.
El magistrado Barrientos ambiciona la presidencia de la Corte y en las últimas semanas se ha afanado más de la cuenta en buscar aliados. Hace unos días, en conferencia con activistas, afirmó que había presionado a un juez por haberle devuelto vehículos a un narcotraficante. No es la gracia quedar bien con los mafiosos, en eso estamos claros, pero tampoco se vale que los magistrados pretendan alinear a los jueces a su voluntad.
Si no queremos que haya telefonazos de parte de los magistrados del supuesto equipo presidencial, tampoco se vale que los “otros” se salten las trancas. La ley es una. Ojalá nos vaya calando. Vea www.dinafernandez.com.
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