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    Guatemala, sábado 11 de diciembre de 2010

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    OPINIÓN

    La esposa del Presidente

    Acisclo Valladares Molina

    Interesantes artículos de Gabriel Orellana.

    Son muchas las facetas que definen la personalidad de Gabriel Orellana, jurista por los cuatro costados, pero existe una muy especial, no por todos conocida –el esplendor de la cátedra es algo que permanece en la intimidad de las aulas, en la comunión que se da entre el profesor y los alumnos– esplendor y comunión que esconden tras de sí, largas horas de preparación y trabajo.
    La generosidad es, quizá, su faceta menos conocida, esa generosidad que es propia del maestro, ávido de saber y compartirlo.


    Su columna en Siglo Veintiuno, “Vox Signata” es, en cierta forma, una prolongación de su cátedra y así, adaptándose al nivel de los lectores, sabe compartir sus conocimientos con la necesaria sencillez.
    Uno de los temas que ha abordado es el de la esposa del Presidente, a la luz de nuestras leyes, llegando a la conclusión de que esta, por el hecho de serlo, no ejerce función pública de ningún tipo o, en otras palabras, que la simple condición de esposa, no le atribuye calidad de funcionario.
    Más de algún despistado se echó en su contra, tratándole de “complaciente”, sin percatarse de que en artículos anteriores ya había abordado este tema desde una óptica distinta: el ejercicio de función pública, no por el hecho de ser esposa, sino nombramiento recaído.


    Hubo alguien que se permitió censurarle –además– por dedicarse a escribir sobre cosas “carentes de importancia”, crítica que me lleva a escribir esta columna por la espléndida respuesta del maestro: “No considero baladí escribir sobre aquello que importa al Estado de Derecho”.
    Orellana Rojas considera que la oficina de obras sociales de la esposa del Presidente constituye una aberración jurídica puesto que no puede imponerse a la esposa, por el hecho de serlo, obligación alguna.
    Cuando empezaron a darse las críticas en torno al trabajo realizado por Sandra de Colom, me permití señalar que se trataba de una cuestión más bien cuántica puesto que todas las esposas –unas más, otras menos– habían participado en actividades semejantes.


    La gran diferencia en su caso –diferencia cualitativa– es que hizo trascender los programas a políticas de Estado y que dejó atrás el altruismo pequeño burgués –siempre mejor que nada– para dar inicio a una concepción distinta –la de la asistencia obligatoria del Estado– mandato constitucional incumplido –a favor de las personas que más lo necesitan.
    Disentimos con Gabriel en cuanto a su calidad de funcionaria ya que el nombramiento para presidir el Consejo de Cohesión Social se hizo a favor de la esposa del Presidente y no de ella en lo personal a tal extremo que, su nombre, ni siquiera se menciona. Para actuar como esposa no prestó juramento alguno –no tenía por qué hacerlo– ni para desempeñarse en cuánto esposa –y en tal calidad específica– presidir la instancia que se creaba.
    Ninguna esposa de Presidente ha sido funcionaria y ninguna cuentadante. Algunas han inspirado la función asistencial del Estado con conceptos propios de la pequeña o alta burguesía y otra, por el contrario, tal su caso, decíamos, como política de Estado.


    La función pública no admite delegación alguna y cada uno de los funcionarios es el único responsable de sus actos, tal y como, cada cuentadante, de los recursos que maneje. Funcionarios y cuentadantes son los responsables, pues, de funciones y recursos: tal, y no otro, el inequívoco mandato de la ley.
    ¿Qué no debería ser así? ¡Pues, cámbiense las leyes!
    Por lo demás –y más allá del tema de las formas ¡importantísimas las formas! ¡Qué bueno que se alivie la pobreza y se estimulen la educación y la salud –factores determinantes del progreso.
    ¿Que no son solución las transferencias condicionadas? Nadie dice que lo sean pero, menos aún, las “caridades” anteriores.


    Existen estadios tales de miseria que no permiten que los seres humanos puedan salir adelante, por sí mismos. No son las transferencias, solución, decía, pero talvez sí el necesario principio para que pueda lograrse.
    Volviendo a Gabriel: la oficina de la esposa del Presidente constituye aberración jurídica –siempre lo ha sido– pero lo que no constituye aberración alguna es la Cohesión Social, política de Estado.

    Acisclo Valladares Molina

    10 diciembre 2010

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