Es el peldaño anterior al Estado de Guerra y es el primero que entra en vigor tras los Acuerdos de Paz. La Cámara de Industria expresó su apoyo a la medida.
La aprobación en sí misma fue un mero trámite, lo complicado fue reunir quórum suficiente en estas fechas. Para tramitar de urgencia nacional la ratificación del Estado de Sitio en Alta Verapaz era necesaria la presencia de 105 legisladores, pero lograrlo no fue fácil. De hecho, fueron necesarias las llamadas incesantes del Presidente del Congreso y los jefes de bloque a los diputados ausentes, la presencia de los directivos de la Cámara de Industria –que llegaron para apoyar la iniciativa– y hasta las presiones de los legisladores del Partido Patriota, que tenían prisa por irse para acudir a otra actividad.
Finalmente, el Congreso, por primera vez desde 1996, decretó la entrada en vigor del Estado de Sitio. Este estado de excepción es el peldaño anterior al de Guerra y, a diferencia de otros (Calamidad, etcétera.), otorga poderes especiales al Ejército y suspende garantías para los detenidos y derechos como el de reunión.
Durante el debate, la patriota Roxana Baldetti recordó que su agrupación lleva más de dos años proponiendo los estados de excepción focalizados. Nineth Montenegro también expresó su apoyo, aunque resaltó que los cabecillas del narcotráfico en Alta Verapaz salieron un día antes de que entrase en vigor el decreto. “Hay que depurar la fuerza pública y ver de dónde salió la filtración”, criticó.
Solo el diputado independiente Aníbal García expuso los argumentos que, antes de la sesión, Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, y un representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, entre otros, presentaron a Roberto Alejos.
Su crítica se refiere a que la declaratoria se apoya en la Ley de Orden Público, la cual define qué libertades se restringen durante un Estado de Sitio y que data de 1965. “Es una ley contrainsurgente y contraviene los convenios internacionales ratificados por Guatemala”, explicó Cadena. “Esta legislatura ha mantenido engavetada una nueva ley de orden pública. Mientras no sea aprobada, no puedo apoyar un Estado de Sitio”, afirmó García.
Otilia Lux también se opuso y resaltó que no se ha informado en su idioma a la población local, que es un 90 por ciento q’eqchi’.
>Permite al Ejército disolver a cualquier organización, detener sin orden judicial a sospechosos y privarlos de libertad mientras dure el Estado de Sitio. También “repeler o reprimir por medios preventivos, defensivos u ofensivos cualquier acción que fuera contraria al restablecimiento de la normalidad”.
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