Ayer, 29 de diciembre, se celebró el XIV aniversario de la firma de la paz “firme y duradera”, por los representantes de la guerrilla (URNG) y el Gobierno...
Ayer, 29 de diciembre, se celebró el XIV aniversario de la firma de la paz “firme y duradera”, por los representantes de la guerrilla (URNG) y el Gobierno, que puso fin al enfrentamiento armado interno, que duró 36 años (1960-1996) y tuvo como cauda cerca de 200 mil muertos. Previamente a la suscripción de la paz “firme y duradera”, el Gobierno y la guerrilla firmaron los denominados Acuerdos de Paz, que contienen declaraciones, compromisos y proyectos, así como una agenda nacional compartida, que incluye reformas constitucionales puntuales.
El régimen de Álvaro Arzú (1996-2000) se propuso reformar la Constitución, presuntamente en el marco de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el proyecto de enmiendas constitucionales que finalmente aprobó el Congreso, dominado por el oficialismo, obedecía más a los intereses del Gobierno de turno que a los Acuerdos de Paz. Luego, no sorprendió que dicho proyecto fuera rechazado en la consulta popular celebrada el 16 mayo de 1999, como una manera de repudio a la manipulación gubernamental y al mismo régimen arzuísta.
Lamentablemente, este rechazo mayoritario de la población fue asumido por los opositores a los Acuerdos de Paz como un rechazo a estos y, por tanto, como una invalidación de su carácter de acuerdos de Estado. Para rescatar este carácter de acuerdos de Estado, el Congreso se vio obligado a emitir la denominada Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
La reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es otro compromiso asumido en los Acuerdos de Paz. No obstante, a pesar de que, desde 1996, se han introducido enmiendas a dicha ley, estas no se han ajustado fielmente a lo pactado. Por el contrario, algunas reformas representan un claro retroceso. Por ejemplo, en los Acuerdos de Paz se convino un número fijo de 80 diputados al Congreso, es decir un número igual de congresistas al que tenía el Legislativo en aquel tiempo.
Empero, el actual número de diputados es casi el doble (158), en franco y abierto incumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El fortalecimiento de las instituciones del sector justicia es otro tema pendiente. Simplemente, no ha habido voluntad política para apuntalar la justicia oficial en Guatemala. Por el contrario, pareciera que existe una conspiración sorda para que el sector justicia se mantenga débil, apocado e ineficaz.
La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es, tal vez, el proyecto más importante previsto en los Acuerdos de Paz que se ha implementado. La CICIG tiene como objetivo principal el desmantelamiento de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y la erradicación de la impunidad en nuestro país.
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