Desde septiembre, un grupo de 1,200 vecinos patrulla las calles de una de las comunidades más
multiculturales del país. Una situación que, según aduce una parte del pueblo, se presta a los abusos y su propósito es algo más que combatir la delincuencia.
Asier Andrés
Cuentan en Panajachel que los municipios vecinos siempre los consideraron una comunidad desunida, incapaz de defenderse de los ataques externos. A diferencia de Sololá o Santiago Atitlán, la capital turística del lago perdió sus autoridades indígenas; y en contraste con lugares como San Lucas Tolimán, en el que han proliferado los grupos de limpieza social, o San Pedro La Laguna, donde el poder local ha reaccionado contra el consumo de drogas, Panajachel rara vez había dado muestras de organización comunitaria. “En Panajachel todos miran para sí”, solían decir, en referencia a una comunidad dividida entre nativos y foráneos, y dominada por los negocios que rodean al turismo.
Sin embargo, ese estereotipo lleva camino de extinguirse. Desde comienzos de septiembre, los vecinos se han organizado en una Comisión de Seguridad compuesta por 50 miembros, en su mayoría integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes). Ellos son la cabeza de 17 grupos de vigilancia, unas 1,200 personas, que desde las 11 de la noche controlan calles y callejones, entradas y salidas del municipio; y que, según ellos mismos relatan, han reestablecido la paz que la venta de marihuana y cocaína les había robado.
La idea, explican miembros de la Comisión, rondaba la mente de los Cocodes desde 2008, cuando se realizaron varios secuestros. Pero después de la tormenta Agatha, los vecinos comenzaron a patrullar los barrios desalojados para evitar los robos; y así la Comisión ha tomado forma hasta constituirse legalmente el 1 de septiembre, reconocida por el Viceministerio de Apoyo Comunitario de Gobernación y la municipalidad.
Han recibido capacitaciones, han obtenido apoyo financiero de los comercios para comprar radiotransmisores y dos cámaras que han colocado en la calle Santander y hasta han forzado el cambio de varios policías a quienes acusaban de corrupción y, sobre todo, cuentan, han paralizado el tráfico de drogas.
“En los últimos tres meses no se han dado secuestros ni extorsiones, sólo dos asaltos a turistas, cuando antes se daban siete u ocho al mes. Media vez no se les vaya de las manos y empiecen a linchar, vamos a seguir coordinando y apoyando a la Comisión”, asegura el oficial de policía Reyner Ovalle.
Sin embargo, hay quien considera que la situación no es que se haya ido de los manos, sino que nunca estuvo bajo control. Estas opiniones, en gran parte, predominan entre los habitantes de la otra Panajachel, la que llegó de otras partes del país y del mundo buscando la tranquilidad del lago. Ellos ven a los patrulleros como un grupo de encapuchados –algunos portan pasamontañas– armados con machetes, palos o bates, que limitan su libertad y alejan el turismo. Y los temen; de hecho, la mayoría no quiso ser identificado en esta nota.
Pedro es un compositor con más de una década de residir en Panajachel. Según relata, una noche, “bien borracho”, salía de una fiesta cuando unos patrulleros lo detuvieron. Él les pidió que mostraran sus rostros y le dieran sus números de cédula. Pero uno de ellos le atacó con un arma de electroshock que le paralizó y le hizo caer al suelo, cusándole fractura en la nariz.
Carlos, un artista tzutujil, también tuvo un encuentro con una patrulla mientras caminaba de madrugada con unos amigos extranjeros. Relata que los retuvieron, les amenazaron y les registraron. “Yo llevaba marihuana para mi consumo, pero eso ellos lo ven como un crimen horrible”, relata.
Hace poco un escritor extranjero que reside en Panajachel envió una carta al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) en la que denuncia cómo miembros de los comités, con bates de béisbol, pasaron la noche de Año Nuevo recorriendo la calle Santander intimidando a la gente desde picops de la municipalidad. También expone lo sucedido a tres amigos que la madrugada del día de Navidad fueron golpeados y lanzados al río.
En las oficinas del Ministerio Público de Sololá informaron que por el momento se ha recibido una denuncia de una persona que aseguró haber sido coaccionada por encapuchados, aunque no ofrecieron más detalles. Varios de los afectados aseguran que les gustaría denunciar, pero que al no conocer la identidad de los agresores no pueden hacerlo. Carlos Barrios, jefe de operaciones del Inguat, explica que, aunque aún no ha habido quejas de turistas, a finales de enero instalarán una mesa de diálogo con la Comisión. “Estamos conscientes de que se puede afectar el turismo”, aduce.
Lucía Escobar, una colaboradora de este diario que reside en el lago desde hace cinco años, asegura que los patrulleros están intimidando más a la población y a los turistas que a los delincuentes. “Está bueno que se organicen, pero lo que están haciendo es inconstitucional, primero porque van enmascarados y segundo porque se están atribuyendo el papel de la Policía; no pueden detenerte el paso, interrogarte, registrarte o detenerte”, refiere.
Carla, una artista extranjera que se ha interesado por el funcionamiento de la Comisión, afirma que, aunque la mayoría de los integrantes tienen buenas intenciones, hay un sector que está fuera de control. “Tienen un listado de personas que son conocidas por vender y consumir drogas y los buscan y los golpean”, asegura.
La Comisión señala que los casos de abusos son aislados. Noé Culqué, patrullero del barrio Juncayá, revela que la mayoría de ellos se debe a los propios delincuentes que están tratando de deslegitimar su trabajo. Tereso Toj insiste en que siempre trabajan en coordinación con la policía y que se limitan a “retener a las personas que agarran en delito flagrante hasta que llegan los agentes”. Juan Manuel Ralón, vicepresidente de la Comisión y candidato en dos ocasiones a la alcaldía, admite que los incidentes pudieron haberse evitado con facilidad si los vigilantes portaran chalecos y contaran con un número de identificación. “Eso daría confianza a los transeúntes y se podría identificar a quienes abusen”, afirma.
La mayoría de los miembros de la Comisión considera el tráfico de drogas como el problema número uno; hablan con frecuencia de jóvenes que se “pierden en las drogas” y que acaban extorsionado y secuestrando.
“El narcotráfico lo han traído los extranjeros a nuestro país, y son ellos los que ahora dicen que les asustamos y que no se les trata bien”, critica Culqué. “Los mochileros han traído las drogas. Y un drogadicto no pide Q5 como un alcohólico, de ahí vienen los secuestros”, explica Jordán Quenún, patrullero y pastor evangélico. Teresa Coello, una mexicana integrante de la Comisión, cuenta: “Unos españoles me decían: ¿Por qué no podemos fumar un puro si no dañamos a nadie? Y yo les dije: Eso tiene consecuencias en el pueblo que no pueden controlar”.
El análisis de quienes critican la Comisión es diferente, para ellos, la delincuencia, aunque ha aumentado, no es la razón principal que mueve a los patrulleros. “Esto es un ajuste de cuentas social de los más brutos del pueblo, ciertos grupos, como el de Ralón, que se han quedado prendidos en la guerra y quieren seguir con la lavadera de coco, distrayendo a los vecinos con su guerra nocturna”, expone Pedro. Carlos considera que hay una manipulación política detrás proveniente de algunos líderes de Cocodes; entre ellos, Ralón, líder del FRG. “Están creando un ambiente de intolerancia y de supuesta reacción al crimen para crear un nuevo poder local, algo que está pasando en todo lago”, añade.
“¿En qué prejuicios se basan para detener a la gente? De los cuatro hombres que yo conozco que han detenido, tres tienen el pelo largo”, se pregunta Lucía Escobar.
Neus Serena, una cooperante que trabaja con juntas de seguridad en varios municipios de Sololá, explica que estos grupos pueden ser muy positivos si reciben asesoría desde el inicio; de lo contrario, caen con facilidad en la ilegalidad. “La gente tiene miedo y actúa desde el imaginario de que hay muchos malos y hay que protegerse. Y se corre el riesgo de caer en el Estado paralelo, algo sobre cuyas consecuencias Guatemala ya sabe suficiente”, afirma.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
ElPeriódico de Guatemala
15 avenida 24-51 zona 13, Guatemala, Guatemala PBX: (502) 2427-2300
Suscripciones: (502) 2427-2323 / 1-801-00-GUATE / suscripciones@elperiodico.com.gt
Marca Registrada © Aldea Global, S.A. (elPeriódico)
SUBIR
28 comentarios: