Atención al delito de trata

Entre los varios temas recientemente abordados por los medios de comunicación, se ha destacado la Trata de Personas y la respuesta del Estado guatemalteco a esa actividad ilícita que se califica como la esclavitud moderna.
Por “trata de personas” se entiende la captación, el transporte, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza y otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación

Es un delito contra la persona, que implica la práctica de eliminación de las libertades de las víctimas al imponerles trabajo forzado, y el producto de este, retenido por el tratante. Un ejemplo clásico es la prostitución forzada a la que son sometidas jóvenes reclutadas con engaño y en muchos casos transportadas a otros países en donde sobreviven en condiciones infrahumanas.
Guatemala evidencia rezago en el combate al de Trata delito y se agrava por condiciones extremas de necesidad y la falta de voluntad de las autoridades para priorizar los temas de seguridad y justicia, la falta de recursos que caracteriza a las instituciones competentes así como a la falta de continuidad en las políticas públicas y la responsabilidad institucional.
Durante la anterior administración se destinaron muchos esfuerzos y se concretaron acciones que permitieron mejorar la calificación que asigna Estados Unidos desde un 2 “observado” (con riesgo de bajar a 3) en 2005 al 2 simple que se alcanzó en 2006 pero que vemos continúa estático 4 años después.

En materia de legislación un primer avance se había dado en 2006 con la reforma al Artículo 194 del Código Penal que mejoraba la legislación pero que era insuficiente. La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, fue finalmente aprobada el 18 de febrero de 2009 y culminó con un esfuerzo de diversas organizaciones que venían trabajando desde años atrás.
La participación activa de las instancias competentes del Estado en el Grupo Interinstitucional para el combate del Delito de Trata, que se reunían bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores al menos una vez al mes, se alcanzaron objetivos concretos.

Con esos apoyos, la administración anterior logró la elaboración y aprobación de la Política Pública contra la Trata de Personas y de Protección Integral a las Víctimas y el Plan de Acción Estratégico 2007-2017 que fue el resultado de un proceso de reflexión y unificación de criterios para determinar acciones viables de prevención, que desalentaran la explotación vinculada con la Trata de personas y para brindar atención integral y protección a las víctimas. Comprendía además, la persecución penal de los responsables del delito y que fue el eje más débil durante el período contemplado.
Asimismo, a partir de 2006, se impulsó una Campaña Promocional de Prevención contra la Trata de Personas, cuyo objetivo fue informar y alertar sobre los riesgos a la población más vulnerable y también fue determinante para los avances alcanzados la presencia y el compromiso de ONG como Casa Alianza, e instancias internacionales como ECPAT, PASCA y UNICEF. Sé que muchos han continuado su trabajo.

En junio de 2006, se firmó el “Protocolo Nacional para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata”. Se instaló un call center con llamadas gratuitas al 1552 con personal capacitado para resolver consultas y orientarles en sus denuncias.
Es lamentable que no se hayan concretado más avances y seguramente si no existiera la rabia visceral del gobernante actual a todo lo que identifica con su antecesor seguramente sería otro el resultado. Lástima por Guatemala y por las víctimas que tendrían que ser protegidas por el Estado.

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