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    Guatemala, martes 15 de marzo de 2011

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    OPINIÓN

    Ley Orgánica del Presupuesto

    José Alejandro Arévalo Alburez

    Principios de sana administración.

    Prevista por la Constitución Política, la Ley Orgánica del Presupuesto es la norma superior y general en materia presupuestaria, que regula la formulación, programación, organización, coordinación, ejecución, liquidación y control de los ingresos y egresos del Estado, bajo principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y equidad para asegurar la gestión, cumplimiento y evaluación de los programas y proyectos del sector público.

    Establece criterios y normas técnicas obligatorias para la programación, formulación, aprobación y control de los presupuestos anuales y multianuales de ingresos y egresos de los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, demás instituciones del sector público y empresas cuyo capital sea mayoritariamente del Estado.
    Los créditos (montos asignados) contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias.
    No pueden adquirirse compromisos ni devengarse gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

    La propia Constitución Política prohíbe la transferencia de fondos de programas de inversión (infraestructura) a programas de funcionamiento (sueldos, salarios, pensiones) o de pago de la deuda pública (bonificada, de proveedores, contratistas, flotante). Tampoco pueden realizarse operaciones de crédito público (endeudarse) para financiar gastos corrientes u operativos.
    Además, los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes; estos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas.

    Si el comportamiento de los ingresos corrientes muestra una tendencia significativamente inferior a las estimaciones contenidas en el presupuesto aprobado, el Ministerio de Finanzas Públicas debe realizar los ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo el recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones presupuestarias.
    Lamentablemente, estos principios legales de sana administración financiera han sido incumplidos y olvidados en los últimos tiempos. Es oportuno recordarlos ahora porque estamos al inicio de un nuevo proceso de elaboración del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 2012, que entregará el Ejecutivo al Legislativo el 1 de septiembre, pocos días antes de que se realicen las elecciones, y que podría terminar siendo el presupuesto del que el nuevo o nueva gobernante disponga durante su primer año de gobierno.

    José Alejandro Arévalo Alburez

    14 marzo 2011

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