Continúa la contra reforma con métodos contra insurgentes.
Hablar de un muerto, varios heridos y del desalojo de nueve comunidades q’eqchi’es pareciera un hecho sin mayor trascendencia, porque solo se trata de los efectos en la aplicación de una orden judicial en Alta Verapaz. Así lo interpretan finqueros y funcionarios inescrupulosos que anteponen la defensa de la “propiedad privada” sobre la vida; ello sin importar que las familias afectadas, a las que les quemaron viviendas y alimentos, denuncien que las fuerzas de seguridad pública y privada las han reprimido con los mismos métodos que se usaron cuando la guerra.
Hay que tomar en cuenta algunos antecedentes en esa región originaria del pueblo q’eqchi’, al que se le ha discriminado y negado un buen vivir, a pesar de que durante décadas ha seguido procesos de lucha en defensa de sus derechos y dignidad. Esta zona además ha sido seleccionada por algunos empresarios para obtener importantes dividendos a través de la producción de agrocombustibles. Estas dos miradas se encuentran en unas mismas tierras fértiles y desde ahí el Estado sirve solo a los intereses de una parte. Esto lo afirmo al conocer detalles de estos desalojos u otros ocurridos en años anteriores a través de testimonios de mujeres y hombres, quienes defienden su derecho a la alimentación y a la tierra, por sobre el lucro que hacen los grandes empresarios mediante la explotación de monocultivos.
Los desalojos ocurridos en estos últimos días en el Valle Polochic ponen en evidencia una vez más cómo en Guatemala se legitima como acción de Estado la usurpación de tierras por parte de familias influyentes, cuyo poder les permite mangonear recursos legales, así como pagar abogados, pistoleros y funcionarios públicos; mientras asigna la categoría de “criminales” a quienes luchan por la tierra para sobrevivir, ya que la institucionalidad les ha negado todos sus derechos.
El impacto de estos desalojos es la ratificación de un modelo que desdeña la producción de alimentos por sobre la agroindustria, ya que la primera no permite grandes utilidades y la segunda asegura el aumento significativo de capitales. Está claro que los empresarios Widmann en Alta Verapaz cuentan con el respaldo del Estado guatemalteco, mismo que también está protegiendo los intereses del banco que financiará la producción extensiva de palma africana.
Este modelo sin justicia social es el mismo que aplican empresarios en otras partes del mundo, aquel que prioriza el capital por sobre la vida humana y la naturaleza. Los Widmann son igual que otros a quienes les tiene sin cuidado el hambre de tantas personas, mantienen cualquier industria sin importar los estragos que provoque, y que ahora se tienen que tragar algunas promesas cuando avalaron la producción de energía nuclear como eje de desarrollo.
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