Los candidatos a la presidencia son referentes de la sociedad en su conjunto. Su vida pública está siempre en una vitrina, bajo el escrutinio de todos. En esta dirección, deberían ser las personas más respetuosas de la Constitución, la Ley y el Estado de Derecho. Más aún, en un país como Guatemala, donde la constante es el irrespeto al imperio de la Ley y la impunidad. Hasta los políticos más deshonestos e hipócritas deberían fingir respeto y subordinación a las leyes antes de ser electos. Es alarmante que una carrera presidencial empiece por retorcer las leyes y el espíritu de las mismas desde el inicio de la contienda. Un síntoma y muestra de abuso de poder, prepotencia, autoritarismo, nepotismo y traición al principio de alternabilidad en el Gobierno, es la simple simulación de un divorcio.
Este caso es particularmente censurable, no solo porque se está simulando un acto legal –el divorcio– o se está burlando el espíritu de la Constitución y el principio de alternabilidad en el Gobierno, sino porque la primera dama tiene más de tres años de estar en campaña con multimillonarias sumas de dinero del pueblo. Adquiriendo una ventaja sobre cualquier candidato y haciendo casi imposible que cualquier individuo pueda competir con ella. No se puede negar, sus programas sociales han tenido tanto aciertos como desaciertos y la siguiente administración, de quien quiera que sea, debe continuar con las bondades de estas políticas públicas. Pero es inaceptable e ilegal, que una candidatura, se lance al ruedo con cuatro años de campaña subsidiados por el presupuesto de Estado.
Por otra parte, la candidata oficial, Sandra de Colom, aún lo es, dice que no hará público quién financia su campaña, si sus contrincantes no lo hacen primero. La transparencia en el financiamiento de las campañas es indispensable y debería ser la norma y no una herramienta con la que se amenazan los candidatos entre sí. Todos los partidos y candidatos están obligados a hacer público quiénes financian sus campañas por ley y requerimiento del Tribunal Supremo Electoral. Es una práctica simple de transparencia que se ejerce en la mayoría de los países desarrollados y civilizados, donde partidos y candidatos son menos mañosos que en nuestro país. La primera dama debería dar el ejemplo y revelar su financiamiento, contando tanto el gasto en inversión social bajo su dirección durante la administración de su futuro ex esposo, como las actuales contribuciones a su campaña. Solo así, se podrá saber, si los recursos provienen de financistas tradicionales en busca prematura de tráfico de influencias, o, del crimen organizado en busca de enraizarse aún más en las instituciones del Estado.
Todos los candidatos deben de demostrar quién los financia, la capacidad y credenciales de su gabinete y su plan de gobierno. Además, en el caso de nuestra primera dama, debe de quedar claro:
1. Cuánto fue el subsidio que el pueblo, a través de sus impuestos, ha invertido en su campaña.
2. Quiénes financian su campaña actual y el monto de cada contribución.
3. Cómo puede el pueblo de Guatemala, creer que su gobierno se apegará a la Ley y el Estado de Derecho, cuando su campaña inició con una guizachada.
Por más que se retuerza la letra de la ley y las acciones políticas sigan siendo ilegítimas y en contra del espíritu de la ley; el juicio y decisión final sobre estas acciones quedan en la Corte de Constitucionalidad y en el pueblo de Guatemala al elegir al próximo gobernante. Lamentablemente, no se puede tener mucha fe, en una Corte de Constitucionalidad, que tiene su origen en componendas y arreglos políticos de coyuntura, impulsados por el régimen de turno.
Sin entrar a juicios éticos, morales, principios y valores, es fundamental que se den respuestas claras y contundentes a las tres preguntas planteadas, de lo contrario, más en broma que en serio, el único resultado previsible de los últimos sucesos políticos, será una erosión en la reputación de quienes simulen su divorcio.
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