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    Guatemala, martes 05 de abril de 2011

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    NACIÓN

    Seis asesinatos impunes...

    En la sepultura No. 15, en el cementerio La Verbena, fue enterrado con sigilo, en medio de la oscuridad, el coronel José Raúl Cerna Ramírez...

    En la sepultura No. 15, en el cementerio La Verbena, fue enterrado con sigilo, en medio de la oscuridad, el coronel José Raúl Cerna Ramírez, el último oficial a cargo de las finanzas del Estado Mayor Presidencial de Alfonso Portillo Cabrera.
    El pecado capital de Cerna para merecer la tumba fue simple: conocía a pie juntillas el manejo ilegal de más de Q100 millones del presupuesto corriente del Estado Mayor Presidencial y de los Q900 millones que por medio de transferencias al mismo Estado Mayor Presidencial terminaron en los bolsillos  de la cúpula militar de turno, de los Ríos, de Ortega Menaldo, de Rojas y Salán y de Girón y del mismísimo Portillo.

    Este asalto en despoblado, por la bicoca de Q1 millardo equivalentes a US$129 millones, tuvo lugar tan solo de enero a diciembre de 2003.
    El cadáver del oficial Cerna fue identificado 240 días después de su muerte, cuando sus familiares más cercanos observaron unas fotografías archivadas accidentalmente bajo las alfombras del Ministerio Público de Villa Nueva.
    Gracias a las fotos, la familia pudo exigir la exhumación del cadáver y tanto el odontólogo como las pruebas de ADN permitieron establecer que el muerto no era otro que el propio Cerna.

    El 11 de abril de 2003, por la mañana, Cerna se despidió de su familia en la Costa Sur. Por la noche los llamó por última vez desde su teléfono celular. El lunes 12 debía presentarse, a primera hora, en su nueva y extraña asignación laboral de jefe de la Escuela de Músicos Militares en la zona 5 de la capital. Al faltar a sus obligaciones, su ausencia fue reportada ese mismo día, y ocho días más tarde fue acusado por las Fuerzas Armadas de desertor y se dio a conocer su situación públicamente. Extraoficialmente, el Ejército echó a andar el rumor que había huido a México, junto con Portillo, con Q90 millones.
    La realidad era otra: durante la madrugada del lunes 12 de abril, Cerna llegó caminando a la emergencia del Hospital Roosevelt, turbado, temeroso y desorientado, donde lo atendió el médico de turno, con quien, según el propio médico, no intercambió palabra.

    Cerna presentaba síntomas severos de intoxicación, al extremo que murió tres horas más tarde, con el diagnóstico de intoxicación por haber ingerido una sustancia desconocida.
    Su muerte fue registrada con su nombre, porque llevaba consigo su billetera con dinero y su licencia de conducir. Casi de inmediato fue trasladado a la morgue, donde permaneció tres días, para luego ser enterrado en el cementerio La Verbena, sin que nadie, ni la todopoderosa G-2 ni su familia, supiera de su destino ni reclamara su cuerpo. Sin embargo, murió envenenado con sus papeles en el bolsillo.
    ¿Por qué los oficiales militares responsables de investigar su paradero no siguieron los procedimientos normales en estos casos? ¿Por qué el Ejército de inmediato hizo pública su supuesta deserción? ¿Por qué el Ejército especuló con el rumor de que Cerna había huido con Q90 millones robados? ¿Por qué Cerna, con una carrera en unidades especiales de combate, terminó refundido en la célebre Escuela de Músicos Militares?

    ¿Cómo es posible que siendo uno de los personajes más buscados, el Ministerio Público de esos días se hiciera de la vista gorda de su extraña defunción? ¿Por qué la familia de Cerna no recibió ninguna respuesta, mucho menos apoyo, del Ejército ni de ninguna institución del Estado?
    ¿Quién pudo haber querido terminar con la vida de Raúl Cerna? La hipótesis fundamental lleva hacia aquellos que manejaron el Estado Mayor Presidencial de Alfonso Portillo, a quienes de ninguna manera les interesaba que Cerna fuera interrogado por la autoridades, porque existía la posibilidad de que los denunciara, riesgo que sin duda alguna no podían darse el lujo de correr.

    Esta hipótesis tiene sustentación, sobre la base de que el domingo 11 de abril, a las 8 de la noche, recibió una llamada telefónica de alguien allegado, ya que en seguida salió de su casa sin vehículo, dejando su arma y sus documentos de identificación militar.  
    Es probable que este haya sido el momento en que pudieron haber aprovechado para inyectarle alguna sustancia para causarle la muerte, porque es imposible que hayan intentado darle de beber algún veneno, puesto que se habría resistido y hubiera llegado al hospital con lesiones corporales, las cuales se hubieran constatado durante la exhumación.
    La pieza que no encaja es su llegada al hospital, a menos, claro, que sus presuntos asesinos fueran tan profesionales y calculadores para dejarlo moribundo a las puertas de un centro asistencial.

    Quienes cortaban el queso y manejaban el Estado Mayor Presidencial, en tiempos de Portillo, eran el coronel retirado Jacobo Salán Sánchez y el mayor retirado Napoleón Rojas Méndez, bajo la tutoría de Ortega.
    Extrañamente, dos oficiales que ocuparon el puesto de Cerna con anterioridad, los coroneles Sergio Bernardo Illescas Santizo y Héctor Leonel Reyes Caballeros, fungían como director de Inteligencia el primero y de Contrainteligencia el segundo cuando desapareció misteriosamente Raúl Cerna.
    Llama poderosamente la atención que estos dos militares jamás realizaron los procedimientos mínimos de búsqueda, como es usual, cuando alguien, como fue el caso de Raúl Cerna, no se presenta a sus labores como era debido y, más aún, cuando incluso había muerto.

    Es difícil creer que no se enteraron de lo sucedido, cuando todos sabemos que no se cae una hoja de un arbol en Guatemala sin que lo sepan Inteligencia  y Contrainteligencia  militar.
    ¿Pudo haber sido posible que Inteligencia y Contrainteligencia militar hayan asesorado al alto mando militar para que públicamente manifestara que Cerna había desertado y hayan insinuado que también había robado decenas de millones de quetzales? ¿Pudo haber existido alguna negociación entre los mandos de los diferentes períodos presidenciales de 1990 a 2000 para proteger sus intereses y preocupaciones comunes?
    Las hipótesis y las líneas de investigación de un asesinato anunciado no deberían ser difíciles de descifrar. Existen indicios categóricos que permiten determinar quiénes son los personajes tenebrosos para los cuales Cerna representaba un tetunte en el zapato y solo su silencio eterno garantizaba su impunidad.

    Los restos del coronel Raúl Cerna fueron enterrados ocho meses después de su muerte, en diciembre, en Cayuga, Izabal, con los rituales religiosos y legales pertinentes, acompañado del reconocimiento de sus paisanos. Entre tanto, en el mundo de los vivos, y vaya que algunos lo son, ciertos sinvergüenzas de colección parece que se han salido con la suya.
    Portillo, Ortega, los Ríos, Salán, Rojas y Cía. deberían ser indagados sobre el asesinato del oficial Cerna y, por qué no, aprovechar para interrogarlos sobre los asesinatos del capitán asimilado Juan José de León, a quien encargaban llevar y traer dinero en efectivo; Surama Payeras, baleada mientras utilizaba un vehículo de Cerna; David Elías, conductor del blindado utilizado en el saqueo; Jorge Rivera, oficial encargado de administrar los viáticos en el extranjero de Alfonso Portillo; y William Rivera, especialista del Ejército, dedicado a trasladar fondos en efectivo del Estado Mayor Presidencial.
    Vaya rosario de asesinatos derivados de buena parte de la corrupción de Portillo y su alto mando militar.

    Jose Rubén Zamora

    4 abril 2011

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