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    Guatemala, domingo 22 de mayo de 2011

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    NACIÓN

    Por qué sí y por qué no en Punta de Manabique

    El proyecto de construir una terminal de almacenamiento de gas licuado de petróleo (propano) en Punta de Manabique despierta pasiones encontradas que responden a distintos intereses, prioridades y maneras de entender el desarrollo y las leyes ambientales. Hay una cuenta regresiva para que el país acepte o rechace la propuesta del Grupo Tomza.

    Hay posiciones polarizadas sobre la conveniencia y la legalidad de erigir una planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) en un área protegida. De un lado están los que aseguran que la planta no supone un impacto relevante, que es segura y no representa un peligro para el entorno, y que es una inversión importante para el país. Del otro lado están los que defienden la conservación y la preservación de esta zona. Esgrimen que el impacto del proyecto es altamente significativo e incompatible con el entorno y enlistan las leyes nacionales e internacionales que lo prohíben.


    Tropigas, filial Grupo Tomza, presentó a finales de 2009 un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para una “Terminal de almacenamiento de gas”. Su objeto era la recepción, el almacenamiento y la distribución de GLP en el refugio de vida silvestre Punta de Manabique, Puerto Barrios, Izabal. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) emitió por unanimidad opinión desfavorable para el proyecto. En febrero de 2011 Tropigas presentó un nuevo EIA que aún no ha sido conocido.


    Tomza es la empresa de capital mexicano que a comienzos de este Gobierno le prestó al menos 5 veces un avión privado al Presidente Colom para sus viajes al extranjero. El mandatario justificó que lo usaba para “ahorrar tiempo”. El Presidente se reunió la semana pasada con el Secretario del Conap y el Viceministro de Ambiente y les pidió que los trámites para la solicitud de Tomza sean eficientes, “pero dentro del marco de la ley”, explica el ministro de Economía, Luis Velásquez. El mandatario, cuenta, fijó un plazo máximo de 15 días para que ambas instituciones se pronuncien. El plazo vence el próximo viernes y hasta hace 2 días el Conap no había recibido el expediente del ministerio de Ambiente para convocar al Consejo. Se necesitan 4 de 7 votos para validar el dictamen favorable.


    Manabique fue declarada área protegida en 2005. Su superficie terrestre mide 449 kilómetros cuadrados y sus aguas interiores, 220 kilómetros cuadrados. Está dividida en 8 zonas: desde la de conservación (la más intocable y con menos intervención humana) hasta la de recuperación (la más degradada) y la de amortiguamiento (limítrofe). El proyecto de Tomza, que afectaría 5 de ellas, consta de 3 elementos: la Terminal, la tubería de descarga y el atracadero flotante. La Terminal estaría en el área de amortiguamiento. Contendría 5 esferas con capacidad de 7.5 millones de galones de gas, que será distribuido a través de 6 islas de descarga para el llenado de camiones cisternas.


    La tubería terrestre mediría 3 mil 290 metros de longitud y la marina, 5 mil 280 metros. Los trabajos para colocar los tubos ocuparían 6 metros de ancho para el área terrestre y 30 metros para la superficie marina. Mientras que el atracadero flotante, en el extremo opuesto de la Terminal, ocuparía 9.21 hectáreas.


    Tomza es propiedad de Tomás Zaragoza, competencia de Zeta Gas, otra compañía mexicana que tiene su Terminal de GLP en el Pacífico guatemalteco. Tomza tiene una planta de gas licuado en Omoa, Honduras, desde la cual distribuye el propano vía terrestre a Guatemala y a la región. Atiende el 65 por ciento de la demanda guatemalteca de propano.


    En la primera fase, Tomza invertirá Q240 millones y creará 150 empleos fijos (unos 2 mil 100 empleos durante la construcción), señala Velásquez. “Si la planta está aquí, no dudo de que los precios (del propano) sean más accesibles que si los traen de Honduras, lo cual fomentará la competencia”, agrega.


    ¿Pero por qué Punta de Manabique y no otro lugar, como el Pacífico? Porque el gas licuado de petróleo de Tomza viene de Houston, Estados Unidos. Llegar al Atlántico le toma 3 días y al Pacífico, 17 días, además de que el derecho de paso en el Canal de Panamá encarecería demasiado los precios, expone Alfonso Castillo, representante de la Fundación Mario Dary (Fundary), la coadministradora de Punta de Manabique y la fundación que acompañó el proceso de elaboración de un estudio costeado por Tomza sobre la flora, fauna, vida marina y las comunidades humanas que habitarían con el proyecto.


    El estudio, expone Castillo, midió el impacto de la Terminal. El muestreo del componente terrestre y marino detectó 15 especies de peces, 5 de invertebrados, 68 de aves, murciélagos, un mono saraguate, un tacuazín y huellas de mapache. “El área donde estaría el proyecto es un potrero”, la describe. Las conclusiones fueron que el área estudiada no presenta mayor diversidad biológica y que la instalación y el uso de la tubería y del atracadero generarán impactos mínimos y temporales.


    El primer EIA de Tomza se enfocó en demostrar la seguridad de los sistemas y de cómo el gas licuado es inerte durante todo el proceso de almacenaje y no supone riesgos de explosiones. El segundo intentará demostrar su compatibilidad con el entorno, explica Castillo. Extraoficialmente se conoce que incluye desviar la tubería de descarga para que no abarque parte de la zona de conservación. 


    La empresa mexicana, además, se ha comprometido a reforestar 210 hectáreas en un área que permitirá en un lapso de 10 años la unificación de 3 parches importantes de bosque que, sin intervención humana, demorarían 50 años en recuperarse. Además se ha comprometido a apoyar proyectos educativos y de salud para las comunidades. Según Castillo, esta es una oportunidad de reforestar y emprender proyectos ambientales. Si los inversionistas no obtienen el permiso, opina, venderán la finca y la comprará un ganadero y se terminará de perder su área boscosa. Fundary planteó a Tomza la firma de un acuerdo para promover la conservación. La Fundación ejecutaría el dinero.

    Un cisne desplumado

    La Punta (de Manabique) que los escolares aprenden a dibujar en el mapa de Guatemala es un punto que genera estabilidad para el reciclaje de las aguas de los cuatro ríos que desembocan en sus alrededores. Es un ecosistema determinante para la estabilidad del Sistema Arrecifal de Mesoamérica (SAM), el segundo más grande del planeta después del australiano. Es recinto de humedales, manglares, aves, mamíferos y reptiles. Su potencial ecoturístico y el paisaje de su ecosistema aún no han sido explotados, enlista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS). 


    El reconocimiento de área protegida de Punta de Manabique en 2005 implicó la elaboración de un plan de manejo quinquenal que vence este año. Este plan no permite el establecimiento de proyectos industriales, solamente usos orientados al desarrollo de actividades de bajo impacto que beneficien a pobladores locales, como el ecoturismo, la pesca artesanal y el manejo forestal. La opinión de Fundary es que la terminal solo implica el tránsito del gas, no es una actividad industrial, porque “no hay extracción ni modificación de recursos”. Pero en su resolución el Conap resaltó que todas las actividades no contempladas en el plan quedan prohididas. Cita además la ley forestal, la de hidrocarburos y los convenios que suscribió Guatemala para proteger  humedales y corredores biológicos. Todos ellos sustentan la imposibilidad de aprobar una planta de gas en una zona como Manabique.  


    El director de Fundaeco, Marco Cerezo, opina que se debe pedir un compás de espera a los inversionistas mientras se revisa la zonificación interna del plan de manejo “a la luz de los cambios que ha tenido la tierra en los últimos diez años y de las necesidades de manejo del área protegida” para, eventualmente, incluir el proyecto. ¿Sería retorcerle el cuello al cisne? Cerezo lo refuta. “Es un cisne que ya está desplumado”, dice.


    El informe de la dinámica de la cobertura forestal 2001-2006 del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna) determinó que en ese lapso se perdieron 4 mil 4 hectáreas de bosque en Manabique. Eso equivale al 17 por ciento del bosque que había hace 10 años. 


    Es común que se recurra al argumento de que las áreas protegidas ya están demasiado degradadas como para intentar preservarlas, afirma Francisco Castañeda, el representante del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) en el Conap.

    “No es justificación. Son áreas protegidas. Si se quiere darle otros usos, hay que modificar las leyes”, señala. 


    El investigador considera que, si la nueva propuesta de Tomza no contiene cambios sustanciales, el consejo debería volver a votar desfavorablemente. La opinión del Iarna, que no integra el Conap, es que “no es conveniente que el prooyecto sea instalado en esa área. La empresa debe buscar otras áreas cercanas que no estén bajo el esquema de protegidas”, opina el investigador Pedro Pineda. 


    La preservación de pequeños espacios de intercambios de vida silvestre no es negociable, arguye la ambientalista Magalí Rey Rosa. La Ley de Áreas Protegidas es un pacto que hizo la sociedad en 1989 y no se puede retorcer para conveniencias particulares. “No es cierto que las áreas protegidas ya están demasiado degradadas y no se pueden recuperar. Es el argumento de siempre, como el que usó la petrolera en Laguna del Tigre”, agrega. 


    El argumento de que el riesgo de fuga o explosiones son mínimos, nulos o prevenibles es irrelevante en esta discusión, opina Melini, de CALAS. “El punto es que la ley dice que no se puede, entonces no se puede”, afirma. 


    Según Castillo, de Fundary, “la oposición es buena porque lo pone a uno a trabajar, pero hay gente que solo se opone, es porque no conoce el área”. O “porque ideológicamente no están de acuerdo”, acota el ministro Velásquez. 


    El director del CALAS no se muestra optimista en que las oposiciones al proyecto sirvan de algo. “Lo van a aprobar. Y vamos a interponer amparos que llegarán hasta la Corte de Constitucionalidad. Y ahí los magistrados le darán la razón a la empresa. Es la historia de siempre de este país”.

    Paola Hurtado phurtado@elperiodico.com.gt

    21 mayo 2011

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